El Gobierno municipal rechaza la propuesta de VTLP para actualizar el plan de movilidad, pese a que 2026 es el año previsto para su revisión y Valladolid debe adaptarse a las nuevas exigencias europeas antes de 2027
Valladolid Toma la Palabra ha reclamado hoy en el Pleno municipal una revisión integral del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura (PIMUSSVA) para actualizarlo a la realidad actual de la ciudad y adaptarlo a las nuevas exigencias europeas. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra del Equipo de Gobierno de PP y Vox. La moción planteaba aprovechar 2026, año en el que finaliza la programación de las actuaciones de los primeros seis años del PIMUSSVA, para evaluar qué se ha cumplido, qué no y por qué, actualizar los datos de movilidad y poner en marcha una revisión integral del plan. El propio PIMUSSVA establece la necesidad de realizar un seguimiento anual mediante un Informe del Estado de la Movilidad, con indicadores sobre la evolución de la movilidad y el grado de implantación de las actuaciones previstas. La concejala de VTLP Cristina Colino ha defendido que “Valladolid no sabe hoy cómo se mueve” porque no se han puesto sobre la mesa los datos necesarios para evaluar si se han cumplido los objetivos fijados por el propio plan. “Traemos esta moción para evaluar, medir y revisar. En ese orden”, ha señalado.
El PIMUSSVA fue aprobado definitivamente por el Pleno en noviembre de 2021 y contempla indicadores para realizar el seguimiento de sus objetivos y actuaciones (Descarga Plan Estratégico PIMUSSVA). Sin embargo, según ha señalado Colino, la ciudad necesita conocer con datos actuales cómo han evolucionado el transporte público, la movilidad ciclista y peatonal, el reparto modal, la seguridad vial, las emisiones y la movilidad con los municipios del entorno.
Para VTLP, uno de los principales problemas es que buena parte del diagnóstico de movilidad sobre el que se construyó el PIMUSSVA parte de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2015, antes de que aparecieran nuevas formas de desplazamiento y nuevos servicios actuales como la bicicleta pública, los vehículos de movilidad personal, el coche compartido o las aplicaciones de movilidad. “Cuando se aprobó el plan no existía BIKI. Los vecinos y vecinas ya se mueven de otra manera y el plan todavía no lo contempla”, ha señalado Colino. Por ello, la moción reclamaba contratar durante 2026 una nueva Encuesta Domiciliaria de Movilidad, que abarque Valladolid y su área urbana funcional, incorpore datos desagregados por sexo y edad y permita disponer de una fotografía actual de cómo se desplaza la ciudadanía.
El nuevo Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1554 concreta los indicadores y métodos para recopilar y comunicar a la Comisión Europea datos de movilidad urbana en materia de sostenibilidad, seguridad y accesibilidad, con el primer plazo general de presentación fijado para el 31 de diciembre de 2027. “Quince meses, eso es lo que queda”, ha advertido Colino durante su intervención, reclamando que Valladolid no espere a que se acerque el plazo europeo para empezar a trabajar.
Entre las medidas planteadas se encontraba también completar el Plan Director de la Bicicleta, con el trazado de la red ciclista básica, los tramos pendientes y un calendario y presupuesto para completar las conexiones. “Los barrios de Valladolid no son ciudades dormitorio: en ellos se compra, se estudia, se hace deporte, se cuida y se pasea”, ha explicado Colino
La formación también reclamaba que la revisión del plan abordase las frecuencias y conexiones del transporte público, la movilidad peatonal, la movilidad metropolitana y la integración de los diferentes servicios de movilidad.
En este último ámbito, la moción proponía avanzar hacia una plataforma única que integre AUVASA, BIKI y otros servicios de movilidad compartida, con información conjunta y títulos combinados. “Planificar la movilidad es decidir qué ciudad queremos”
Para VTLP, el rechazo de la moción supone perder la oportunidad de iniciar ahora una revisión que permita a Valladolid afrontar con tiempo sus obligaciones europeas y, sobre todo, contar con una política de movilidad basada en datos actuales, objetivos medibles y una planificación a medio y largo plazo.