El Grupo Municipal realiza una batería de propuestas para iniciar el debate sobre la modificación del Reglamento Orgánico acordada en el pleno de hace dos días para garantizar el pluralismo, el acceso a la libre información, la participación ciudadana, la transparencia y el buen funcionamiento municipal.
El pasado miércoles, 1 de julio, tuvo lugar la sesión plenaria relativa a la organización del nuevo Ayuntamiento. El último de los puntos estableció la creación de una Comisión para la reforma del Reglamento Orgánico municipal, que regula aspectos como el funcionamiento de los órganos de gobierno, el papel de los grupos municipales o el régimen de retribuciones de los miembros de la corporación.
Este tipo de normas tienen vocación de perdurar en el tiempo y marcan las reglas de juego. La normativa actual da una excesiva preponderancia al equipo de gobierno y no habilita cauces suficientes para que la oposición o la propia ciudadanía lleven a cabo su tarea de fiscalización, control y propuesta. Valladolid Toma la Palabra no aprovechará a su favor esa situación en su actual papel de gobierno, sino que trabajará por asentar una cultura de participación, transparencia y pluralismo, blindándola a través de la normativa interna.
Así, es necesario que se haga visible que el Ayuntamiento no se reduce a su equipo de gobierno, y debe regularse la presencia de todos los grupos en los actos institucionales. Igualmente, debe defenderse el papel plural del Pleno, desterrando la práctica de que sea el alcalde quien comparezca ante la prensa a resumir el desarrollo de los mismos o incluso a anunciar medidas no debatidas. Además, los grupos de oposición deben poder participar de la Junta de Gobierno. Y, si bien el tamaño de esta no puede superar un tercio del número de miembros del Pleno, el artículo 126.5 permite la asistencia de concejales no pertenecientes a la Junta por convocatoria expresa del alcalde.
Por otra parte, debe garantizarse el libre acceso a la información a todos los grupos. No vamos a caer en el revanchismo y pagar al PP con su misma moneda. Es un derecho democrático que debe garantizarse. Por ello proponemos regular no solo el acceso a la documentación relativa a planeamiento, contratación o presupuestos, sino contar cuando sea necesario con el asesoramiento de las distintas oficinas o servicios municipales. Todo ello sin mayor limitación que las restricciones legales relativas a información sensible por tratarse de datos personales, o declarados legal o judicialmente como secretos. Y además, propondremos que la Comisión de Contratación esté siempre presidida por un miembro de la oposición.
Pero no son solamente los grupos políticos los encargados de fiscalizar y controlar la acción de gobierno. También la ciudadanía debe tener cauces para ello. Por eso el reglamento debe asegurar que los procesos de contratación sean públicos y que las facturas y documentos contables sean verificables a través de publicaciones y página web. Del mismo modo, deben estar publicadas y accesibles las declaraciones de bienes de todos los concejales y concejalas.
Además de fiscalizar, la ciudadanía debe poder participar. El turno de consultas de público, que ahora es potestativa, debería ser obligatorio. Pero debe hacerse una revisión general del Título relativo a la participación ciudadana, analizada y debatida con los colectivos representativos de la ciudad. Propondremos en ese apartado la celebración de plenos municipales abiertos, la elaboración participativa de los presupuestos y mayor facilidad para promover consultas populares.
Hay otras cuestiones sobre buen funcionamiento que tienen quizá una importancia menor para la ciudadanía, pero que mejorarían sensiblemente el trabajo municipal. Así, por ejemplo, propondremos que se pueda levantar acta de la Junta de Portavoces cuando se solicite, ampliar el plazo de convocatoria de los Plenos y las comisiones de dos a cuatro días, garantizar el acceso con suficiente antelación de los grupos municipales a la documentación a tratar en las comisiones, o garantizar que éstas y los consejos sean órganos de deliberación y no meramente informativos.
