Artículo extraído de El Mundo – El diario de Valladolid
Cuando la Comisión de Transparencia solicitó al Ayuntamiento de Valladolid que rellenara un cuestionario sobre transparencia y la publicación activa de información pública, el Consistorio no se conformó con cumplimentar un solo formulario, sino que también detalló la transparencia de sus entidades: Auvasa, la fundación Museo de la Ciencia, la Fundación Patio Herreriano, Fundación Teatro Calderón, necrópolis de Valladolid S. A., la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, la Fundación Casa de la India y la Mercaolid.
Por este motivo, la Comisión –cuyas funciones ejecuta el Procurador del Común– hace especial mención a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid en la elaboración de su memoria. «Estamos intentando que la transparencia sea un eje del equipo de Gobierno», asegura a este diario el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, a pesar de que «no siempre es sencillo» por los recursos y medios disponibles.
También destaca que, según el Transparencia Internacional, el de Valladolid fue la transparencia del consistorio que más creció el pasado año de Castilla y León. Bustos explica que todavía «quedan pasos por dar» en la transparencia de las entidades aunque el Ayuntamiento ha «avanzado mucho» en los últimos años». «Toda transparencia es poca», concluye.
Sin embargo, según la memoria, el Ayuntamiento de Valladolid no recibió en 2017 ninguna solicitud de información a pesar de que el ciudadano pueda pedirla a través de la página web de Transparencia (con el DNI electrónico) o en el Registro General.
Pero el de Valladolid no fue el único Ayuntamiento interpelado. De hecho, el Común se dirigió a otras 89 administraciones, instituciones y entidades de Castilla y León para ver el grado de cumplimiento de transparencia en 2017. Pero solo obtuvo respuesta de 46, lo que supone una proporción inferior el año anterior. «No ha existido precisamente un alto grado de colaboración», concluye la institución en su memoria. Sí es cierto que les han atendido todas las consejerías, las universidades públicas y las diputaciones, pero no los Ayuntamientos.
El de Zamora es el único de una capital de provincia que no atendió a su petición. Desde el Consistorio únicamente remiten a informes de Transparencia Internacional, organización que le otorga la máxima puntuación. Del resto de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes solo han respondido Miranda de Ebro (Burgos), Laguna de Duero (Valladolid) y Aranda de Duero (Burgos), aunque este último no rellenó el formulario, sino que envió una misiva justificando los motivos por los que no podía enviar el cuestionario.
Precisamente, Miranda de Ebro es el Ayuntamiento que más solicitudes de información pública ha recibido en el año pasado, 884 en total. «Es posible que este dato responda a la formulación de una misma solicitud por una pluralidad de ciudadanos, pero es este un extremo que no nos aclara el citado Ayuntamiento en su respuesta», sugiere el Comisionado de Transparencia.
El ciudadano tiene derecho a reclamar ante el Comisionado de Transparencia si considera que su solicitud de información no ha sido convenientemente atendidas. La Comisión ha recibido 202 reclamaciones en 2017, el doble que el año anterior. De estas 202, 61 han sido estimadas –lo que obliga a la institución a proporcionar la información–. En 43 ocasiones, la Comisión ha adoptado la resolución –sin tomar una decisión– y la institución competente ha decidido facilitar la información solicitada.
El Procurador del Común, Javier Amoedo, valoró positivamente este incremento de las reclamaciones y aseguró que la tendencia continúa y que en lo que va de 2018 ya hay más reclamaciones que en todo 2017.
«Nosotros intervenimos cuando la Administración no informa y el ciudadano acude a la institución», recordó Amoedo, quien también insistió en la memoria del Comisionado de Transparencia en la necesidad de dotar de medios personales y materiales específicos a los órganos de garantía de la transparencia, puesto que la ausencia absoluta consitituye «un lastre continuo» para el desempeño de sus funciones.
También criticó que no se dispone de instrumentos formales «adecuados» para controlar el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las instituciones.
