El pleno de diciembre fue el último del año. El último pleno ordinario, al menos, ya que antes de acabar el año tendremos la sesión de debate de los presupuestos municipales. A la Junta de Portavoces, el órgano en que todos los grupos políticos deciden qué mociones se presentan en el pleno, habíamos llevado tres propuestas que el resto de grupos consideraron excesivas. Por eso no pudimos presentar nuestra propuesta de apoyo a las familias afectadas por los fiascos de Fórum Filatélico y Afinsa, que deberá esperar a un pleno posterior. La moción que presentamos para facilitar la concesión de licencias que aceleren la reapertura de Macrolibros, la editorial que sufrió en noviembre un incendio que ha dejado a más de doscientos puestos de trabajo en peligro, fue asumida por todos los grupos municipales y se aprobó como moción institucional.
Nos queda un sabor amargo con la suerte que recibió la moción propuesta por la Plataforma por Palestina para declarar a Valladolid “Entidad Libre de Apartheid Israelí” y lograr que el Ayuntamiento acordase no contratar o establecer convenios ni acuerdos de tipo político, comercial, agrícola, educativo, cultural deportivo o de seguridad con instituciones que no reconozcan los derechos humanos en Palestina y se beneficien de su ocupación. En Valladolid Toma la Palabra creemos que la campaña BDS, suscrita ya por multitud de Ayuntamientos en todo el país y que cuenta con un enorme predicamento en el mundo, es una iniciativa ciudadana, antirracista y no violenta que ha demostrado su eficacia en la visibilización del conflicto y como herramienta de presión internacional. Finalmente PP, PSOE y Ciudadanos tumbaron la mayor parte de la moción en un debate francamente agrio en que, tristemente, mostraron una enorme frialdad. Seguiremos insistiendo en que la resolución de este conflicto pasa por huir de la equidistancia entre ocupantes y ocupados, por el ejercicio de la solidaridad internacional y por la firme presión, política y económica, a Israel.
Otras mociones presentadas por el resto de grupos sí lograron un apoyo unánime. Votamos, por ejemplo, a favor del inventario, catalogación y recuperación del patrimonio artístico del Ayuntamiento, que posee un importante conjunto de lienzos del siglo XIX en malas condiciones de conservación. También apoyamos la creación de un Observatorio de Derechos Humanos en Valladolid, puesto que los DDHH no solo se vulneran en rincones alejados del mundo. En nuestra misma ciudad, el Ayuntamiento no ha sabido defender el derecho a la vivienda, a los servicios sociales o a la libertad de expresión, y queremos que un organismo específico tenga los recursos y la dedicación necesaria para realizar estudios y proponer soluciones a las muchas situaciones de desigualdad estructural que también sufrimos en Valladolid. Por último, nos adherimos al II Pacto por la Cultura de FEGC (Federación Estatal de Gestores Culturales) con el hace varios meses habíamos trabajado con la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León, que propone mecanismos y acciones concretas para que la cultura no sea un bien de consumo basado en grandes eventos y espectáculos y se acerque a los espacios de creación y participación locales. Es el primer Ayuntamiento del Estado Español que se suma al II Pacto De La Cultura como herramienta de trabajo, que Valladolid Toma la Palabra ya emplea en su Grupo de Educación y Cultura.
Los salarios de los cargos públicos, por último, volvieron al pleno. Esta vez se discutió sobre la indemnización que perciben aquellos concejales sin dedicación exclusiva (que son la mayoría de los que componen la corporación municipal), es decir, los que compatibilizan su labor como ediles con un trabajo o con la búsqueda de empleo. Se trata de 11.002 € anuales que no cuentan como salario (es decir, quien los percibe no cotiza ni cuentan para posibles prestaciones por desempleo) y que venían a “compensar” lo que un concejal pierde por no poderse dedicar a pleno rendimiento a su trabajo o por la manera en que afecta a su búsqueda, en caso de que no lo tenga. El PSOE presentó una moción dirigida a que las personas que perciben esta prestación mientras cobran un sueldo como cargos públicos en otras administraciones (como un concejal que sea además diputado provincial, por ejemplo) dejaran de cobrarla, bajo la máxima “un político, un sueldo”.
Estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, dejamos claro que, tal y como estaba redactada, la moción discriminaba gravemente a algunos posibles casos, puesto que se dirigía solamente a trabajadores de la administración pública y no hacía distinción de renta. Un trabajador municipal que cobre 1000 euros, por ejemplo, perdería su indemnización como concejal mientras que otro edil que pudiera tener un salario abultado en el sector privado no la perdería. Propusimos por tanto que la moción se hiciera extensiva al ámbito privado y que se establecieran tramos en función del salario de los trabajadores: de esta manera, si un concejal sin dedicación exclusiva en el Ayuntamiento cobra menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional no perderá la indemnización, mientras que si cobra más de 5 veces esa cantidad el Ayuntamiento le compensará solamente con 1 euro. La moción se aprobó con esa importante modificación.
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