- Artículo de opinión de María Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra, publicado en El Día de Valladolid del 26 de noviembre de 2021.
La imagen de una tanqueta patrullando por las calles de un barrio obrero de Cádiz nos ha impactado en los últimos días. Parecían imágenes de Belfast hace dos o tres décadas. ¿Es realmente necesario un despliegue cuasi militar para hacer frente a una movilización por los derechos laborales?
Algunas imágenes y titulares llevarán a mucha gente a pensar que sí. Incluso que, de hecho, se han quedado cortos. Como se suele decir, a menudo escandaliza más ver un contenedor ardiendo que a una familia rebuscando en él algo que llevarse a la boca. Pero tras todo eso hay miles de familias dispuestas a arriesgar varios días de sueldo, e incluso el puesto, con tal de que se cumplan unas mínimas condiciones de dignidad.
Cuando escribo estas líneas me llega la información de que parece haberse alcanzado un preacuerdo. Desconozco si habrá sido mejor o peor, pero eso lanza un mensaje que asusta a algunos: las huelgas sirven. Organizarse y sindicarse sirve. Y por eso necesitan ahora lanzar una cortina de humo tratando la legítima y justa huelga del metal en Cádiz como un problema de seguridad ciudadana. Y así, de paso, calentar los ánimos de ese sector de las fuerzas del orden que no acepta que se eliminen los excesos de la Ley Mordaza que felizmente parece que se van a derogar.
Por supuesto que hay un problema de inseguridad grande, en Cádiz y en el resto del país. Porque muchas familias no tienen la seguridad de poder llegar a fin de mes. Ni la seguridad de poder acceder a una vivienda digna. Quienes estudian no tienen la seguridad de que su esfuerzo vaya a servir para garantizarse un futuro. Quienes, en el mejor de los casos, enlazan un trabajo precario con otro no tienen la seguridad de poder plantearse un proyecto de vida a medio plazo.
Las huelgas no son un problema de orden público: son un derecho fundamental reconocido en la Constitución en su artículo 28, y como tal se debe garantizar. Por desgracia, nos resulta mucho más familiar ver despliegues policiales ante cualquier movilización por los derechos laborales que ante los frecuentes abusos laborales que, silenciosamente, se sufren cada día en el seno de muchas empresas.
Por suerte, algunas cosas empiezan a cambiar. En solo unos meses, más de 300.000 contratos temporales han sido convertidos a indefinidos gracias a la Inspección de Trabajo, que se está reforzando a marchas forzadas. Es mucho más necesario entrar a ver si se cumple la ley dentro de los muros de las empresas que entrar con tanquetas a los barrios de quienes luchan por sus derechos.
