El Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) (2007) define la Educación Social, desde el punto de vista de las demandas y necesidades sociales que cubre:
“[La Educación Social es un] derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, posibilitando:
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La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social.
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La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.”
El CGCEES, por tanto, sustenta su definición en dos pilares básicos: la Educación social como un derecho de la ciudadanía y como una profesión de carácter pedagógico. Este derecho de la ciudadanía vendría a cubrir un conjunto de carencias sociales por medio de la prestación de prácticas educativas y sociales. Actualmente, estas prácticas son llevadas a cabo por educadores y educadoras sociales, que se han formados en distintas disciplinas como la pedagogía social y que reciben una retribución económica por ello, lo que otorga a la educación social su carácter profesional.
La Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, que aplica prácticas de acción social y educativa en contextos variados, tales como adicciones, desarrollo comunitario y participación ciudadana, diversidad funcional, educación ambiental, educación para la convivencia, educación de personas adultas, orientación familiar, dependencia, igualdad de género y violencia, inserción social, mediación, salud mental, etc. A pesar de resultar relativamente poco conocida, es desde los años 90 una titulación universitaria. El reconocimiento académico y formativo de la Educación Social se articuló tras la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de agosto, que reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de Educación Social.
Cabe señalar que la Universidad de Valladolid, a través de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, fue pionera, junto a la Universidad de Barcelona, en la impartición de esta diplomatura; en 1995 finalizaron su formación las dos primeras promociones de diplomado/a en Educación Social en el Estado español.
La profesionalización de la figura de educador social supuso importantes mejoras en lo tocante a su formación, a la consolidación de las prácticas socioeducativas y al desarrollo de nuevas herramientas. Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas.
No obstante, y a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios sociales de ayuntamientos, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones.
La Educación Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones.
Por todo ello, los grupos municipales y, en su nombre, las concejalas y concejales que suscriben, así como el concejal no adscrito, proponen la presente moción para que sean adoptados los siguientes
ACUERDOS
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Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a la Educación Social como profesión que cubre necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales a través de la educación.
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Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social.
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Dar traslado de estos acuerdos al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales y al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.
María Sánchez Esteban
Portavoz del Grupo Municipal
de Valladolid Toma la Palabra
Pedro Herrero García
Portavoz del Grupo Municipal
del PSOE
Charo Chávez Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
de Sí Se Puede
Jesús Enríquez Tauler
Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular
Pilar Vicente
Portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos
Jesús Javier Presencio Peña
Concejal no adscrito
En Valladolid, a 30 de marzo de 2017.
