El autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior (que en el caso del Estado español es del 86%) y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local; además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a día de hoy, no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país.
Por estas razones y por la necesidad de democratizar la energía, tal y como recoge la propuesta de Unión Energética de la Comisión Europea, cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles.
Desde la Administración Provincial no debemos ni podemos permanecer ajenos a este cambio; tenemos que desempeñar un papel ejemplarizante e informativo. Existe un gran potencial de generar ahorros importantes, que pueden destinarse a fines sociales, especialmente a la impulsión de medidas contra la pobreza energética. Por tanto, debemos utilizar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar, dentro del marco de nuestras competencias, una transición ordenada hacia un modelo energético limpio y sostenible.
Por todo ello, consideramos imperiosamente necesario que se produzca la derogación del Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente, considerando las mejores prácticas disponibles y abriendo un proceso participativo de redacción, con la máxima urgencia, de una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes afectados por esta normativa.
En base a lo expuesto, la concejala que suscribe presenta la siguiente
MOCIÓN
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El Ayuntamiento de Valladolid muestra su rechazo al Real Decreto 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo e insta al Gobierno de España a abrir un proceso participativo de redacción de una nueva normativa favorable al desarrollo del autoconsumo teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes afectados por esta normativa.
Valladolid, 6 de noviembre de 2015
Alberto Bustos García
Concejal de Valladolid Toma la Palabra
