El pasado 29 de julio de 2015 el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción en la que se declaraba la ciudad de Valladolid como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Se habló entonces, entre otros asuntos, de defender los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Que no se perdieran competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las empresas transnacionales en la regulación. Que los servicios públicos y la propiedad intelectual fuesen excluidos del acuerdo. Que no se aplicasen mecanismos como el de Instauración de tribunales de arbitraje privados (conocidos como ISDS) que pueden demandar a un estado, región o municipio por ver sus intereses comerciales amenazados y que podrían conllevar el pago de indemnizaciones millonarias. Que se terminase con la falta de transparencia de las negociaciones, se hiciese pública toda la información y se abriese un debate público en la UE y en los parlamentos nacionales, autonómicos y Ayuntamientos sobre las negociaciones. Y finalmente se pedía al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos).
Meses después, en abril de 2016, se celebró en Barcelona el Primer encuentro paneuropeo “Autoridades locales y la nueva generación de tratados de libre comercio”, que se cerró con una denominada “Declaración de Barcelona”, en la que se insistía en el rechazo a los citados acuerdos comerciales. El texto aprobado entonces era el siguiente:
Nosotros y nosotras, alcaldes, alcaldesas y representantes electos y electas, participantes en el primer encuentro paneuropeo “Autoridades Locales y la Nueva Generación de Tratados de Libre Comercio”, declaramos que:
La Comisión Europea, por mandato de los Estados Miembros, inició negociaciones con los Estados Unidos de América para un acuerdo transatlántico de inversiones y comercio (TTIP), un acuerdo integral de economía y comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), así como un acuerdo de comercio de servicios (TISA). Estos tratados están siendo negociados de una manera poco transparente, incumpliendo los estándares democráticos y participativos europeos.
Pensamos que la transparencia no puede ser sacrificada en pos del derecho comercial. Los entes locales y regionales deben participar en la creación de los mandatos de negociación.
Europa se encuentra hoy en una encrucijada. Las diferentes crisis que ha sufrido la Unión Europea necesitan una solución política. En este sentido, creemos que Europa necesita poner sus valores primigenios en el centro de su política: solidaridad, respeto a las libertades y justicia. Estos tratados de comercio de nueva generación son dudosamente beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Europa necesita reforzar su economía fortaleciendo los derechos sociales, económicos, medioambientales y laborales y no solamente ampliando sus mercados.
Estamos muy preocupados/as por la posibilidad de que estos tratados puedan poner en riesgo nuestra capacidad de legislar y de utilizar los fondos públicos –incluida la contratación pública-, perjudicando seriamente nuestra labor de ayuda a la ciudadanía en aspectos tan elementales como la vivienda, la salud, el medio ambiente, los servicios sociales, la educación, el desarrollo de la economía social o la seguridad alimentaria, que podrían ser vulnerados.
Estamos también alarmados/as por el hecho de que estos acuerdos puedan poner en peligro los principios democráticos, reduciendo sustancialmente el alcance político y limitando las opciones públicas. La implementación de este tipo de medidas tendrá un impacto directo en la democracia local, el Arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS) o sistema internacional de arbitraje y la Cooperación Reguladora del TTIP, así como cambios en la regulación de la contratación pública y los servicios públicos.
Reconocemos la importancia del comercio de bienes y servicios para el bienestar de los ciudadanos, pero hacemos hincapié en que la competitividad y el crecimiento económico no pueden ser los únicos criterios que determinen los acuerdos de libre comercio como el TTIP, el CETA, u otros – como el TISA-.
Pensamos que el comercio internacional debe tener criterios más allá de su libertad de ejecución. El comercio justo, de proximidad, que respete los derechos laborales, debe primar en la agenda.
Consideramos que es nuestro deber, como representantes electas y electos, defender nuestras comunidades locales y las instituciones democráticas como espacios de debate y toma de decisiones, y fortalecer las políticas públicas en pro de nuestra población, para proteger el medio ambiente y apoyar las PIMES y la economía local.
Por ello, pedimos que las actuales negociaciones sobre TTIP y TISA sean suspendidas hasta que los gobiernos locales y regionales hayan dictado su opinión en relación a dichos tratados.
En ese sentido nos enorgullece la movilización ciudadana que ha permitido este debate europeo y queremos reivindicar su papel e invitamos a continuar dicha movilización.
Por todo ello, pedimos que las actuales negociaciones sobre el TTIP y TISA se suspendan y que se inicie un nuevo mandato que recoja las peticiones de todos/as aquellos/as que no hemos sido consultados/as, por lo que apelamos al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a los gobiernos nacionales a no ratificar el CETA.
Esta Declaración, que será adoptada por las ciudades presentes, así como por todas aquellas que se adhieran en un futuro, se hará llegar a los/as responsables de la Unión Europea, a los gobiernos nacionales y a las instituciones y organizaciones pertinentes.
Barcelona, a 21 de abril de 2016
Se trata de un documento que amplía lo acordado el año pasado en el Pleno municipal de Valladolid. Pero la adhesión a tal Declaración reforzaría el rechazo e incorporaría a nuestra ciudad en un marco de actuación de mayor alcance, en unión con el resto de las ciudades que lo han asumido hasta ahora.
En consecuencia, los grupos municipales Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede y, en su nombre, las concejalas que suscriben esta moción, proponen al Pleno del Ayuntamiento que se adopte el siguiente
ACUERDO
El Ayuntamiento de Valladolid se adhiere a la Declaración de Barcelona expuesta más arriba, y suscribe su contenido.
Valladolid, 3 de noviembre de 2016
Rosalba Fonteriz García
Concejala del Grupo Municipal
de Valladolid Toma la Palabra
Charo Chávez Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
de Sí Se Puede
