- Pleno Ordinario del 8 de mayo de 2018, moción conjunta
La violencia machista constituye una de las más habituales y flagrantes violaciones de los derechos humanos que se producen en nuestras ciudades a día de hoy. Según las cifras oficiales, desde el año 2003 hasta la actualidad, 929 mujeres han sido asesinadas, y desde el 2013, año en que comienza el recuento oficial, 24 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas por la violencia machista. Y estas cifras representan sólo la punta del iceberg; las asociaciones de mujeres documentan un número aún mayor de casos en su trabajo cotidiano y son cientos de miles de mujeres y niñas y niños sobrevivientes de las diferentes formas de violencia machista las que no forman parte de las estadísticas oficiales y buscan apoyo y protección frente a estos graves abusos día a día.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados, reconoce las obligaciones de las distintas administraciones derivadas de la normativa española e internacional, particularmente respecto al Convenio Europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Esta norma europea fundamental amplió la actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones: además de la violencia cometida en el ámbito de la pareja o ex-pareja, se incluyen también la violencia sexual, el acoso sexual, los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina, entre otras. Y en el Pacto de Estado se recoge el compromiso explícito, en la medida 204, de establecer financiación específica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Estambul por parte de todas las administraciones públicas.
El Pacto de Estado confiere un papel protagonista a los municipios en la prevención, detección y atención integral frente a la violencia machista. Asimismo, establece una vía de financiación directa a la Administración local. En su medida 207 prevé que los Presupuestos Generales del Estado destinen, vía transferencia directa y finalista, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios, incluido el año 2018.
Como Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso frente a la violencia machista y nos comprometemos a cumplir las medidas establecidas en el Pacto de Estado en materia de prevención, detección y atención integral frente las diferentes manifestaciones de la violencia machista.
Sin embargo, manifestamos que para cumplir con nuestras obligaciones en esta materia requerimos que de un marco competencial claro y de una financiación estable y suficiente que garantice los servicios necesarios de prevención y atención integral en nuestros municipios.
En términos competenciales, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) supone en la actualidad un grave impedimento para el cumplimiento del Pacto por parte de los ayuntamientos, además de una contradicción con nuestro marco competencial de obligaciones establecidas por los marcos internacionales y europeos ratificados por España, así como por la Ley 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Por otra parte, respecto a los municipios, como instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía, la normativa específica y el Pacto de Estado nos atribuyen el deber de prestar una atención a mujeres y menores víctimas de la violencia machista bajo los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Sin embargo, este reto resulta actualmente difícil de cumplir para la mayoría de municipios por carecer de una estructura profesional estable que sostenga los programas y servicios de atención adecuados.
Por todo ello, denunciamos que más de seis meses después de su aprobación, los compromisos que deben garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado no se han cumplido:
- El Congreso de los Diputados no ha creado la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado prevista en la medida 208.
- El Gobierno central no ha presentado los proyectos de ley para acometer las modificaciones legislativas que establece el Pacto de Estado, entre las cuales figura la reforma de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local recogida en la medida 61.
- El Gobierno central no ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 el compromiso económico reflejado en el Pacto de Estado. La medida 206 prevé la creación de partidas de 100 y 20 millones de euros destinadas a mejorar la actuación de las administraciones autonómica y local, respectivamente.
Por todo ello se proponen los siguientes:
ACUERDOS:
- El Ayuntamiento de Valladolid insta al Congreso de los Diputados a La creación inmediata de la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Estado reflejada en la medida 208.
- El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno central a:
- Transferir el crédito de 20 millones anuales previstos para 2018, comprometido en la medida 206.A, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento del Pacto por parte de los municipios a través de la prestación de servicios de detección y atención integral.
- Presentar los proyectos de ley necesarios para acometer las reformas legislativas contempladas en el Pacto de Estado reflejadas en las medidas 85 y 86.3. como condición para el desarrollo efectivo y en plazo de todas las medidas comprendidas en el Pacto de Estado y para diseñar un marco normativo coherente con el Convenio de Estambul.
- Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) tal y como se contempla en la medida 61, incluyendo como competencia propia de los ayuntamientos la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención y atención integral frente a la violencia machista.
- Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que garanticen la estabilidad y cualificación de las plantillas que prestan servicios de atención a la violencia machista en el ámbito municipal y permitan contar con profesionales especializadas y contratadas en igualdad de condiciones con respecto al personal funcionario.
- El establecimiento de un acuerdo sobre estándares mínimos para la atención integral municipal a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, que lleve aparejado un estudio de costes por población de cara a su efectiva implantación, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las víctimas de violencia machista con independencia de su lugar de residencia.
Valladolid a 08 de mayo de 2018
Pilar Vicente Tomás
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
Pedro Herrero García
Portavoz del Grupo Municipal Socialista-PSOE
María Sánchez Esteban
Portavoz de Grupo Municipal VTLP
Charo Chávez Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal Sí se Puede
