La candidata a alcaldesa de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, ha presentado esta mañana una de las propuestas de su programa electoral destinada a favorecer e impulsar el comercio local y lo ha denominado como “Tasa Amazon”, que no solo se aplicará a esta empresa, sino que afectará a cualquier operador postal que facture más de un millón de euros en entregas a domicilio en Valladolid.
La propuesta pretende gravar a los grandes operadores del reparto de mercancías compradas por internet y entregadas a domicilio, no así en los lockers o puntos de recogida.
La tasa persigue un cambio en los hábitos hacia el comercio de proximidad, para que cada vez más vayamos a puntos de recogida y evitemos tener la ciudad llena de vehículos de reparto ocupando el espacio público provocando congestión y contaminación.
Se trata, por tanto, de promover un consumo más sostenible más allá de que los gigantes del comercio electrónico aporten a la ciudad, como hace el comercio físico. La candidata a alcaldesa María Sánchez ha aclarado que «esta tasa no repercutirá al consumidor final ni las entregas entre negocios, ni al pequeño repartidor autónomo».
Por otra parte, esta tasa evita el agravio comparativo entre el comercio local, que paga el impuesto de actividades económicas o la tasa de uso de las aceras, frente a estos grandes operadores que no aportan nada por su uso del espacio público de la ciudad.
Este uso del viario e infraestructuras públicas, que se ha intensificado a raíz de la pandemia, supone un coste para el Ayuntamiento en concepto, por ejemplo, de mantenimiento, «por lo que según el criterio de progresividad fiscal estos gastos deben ser asumidos por quien les origina en función de su capacidad económica», apunta Sánchez.
Para calcular la tasa previamente se ha de elaborar un informe que cuantifique el precio que tiene el espacio público de Valladolid. A partir de ese valor, se ha de repartir el peso de la tasa entre las empresas en función de su grueso de negocio en la ciudad y cada una de ellas deberá pagar un porcentaje de sus ingresos brutos.Todo ello debe concluir con la aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente, teniendo en cuenta que los cálculos que hay detrás del diseño de esta tasa se deben hacer con prudencia y consenso y las garantías jurídicas para poder superar cualquier impugnación que puedan realizar las empresas.
