Valladolid Toma la Palabra ha pedido explicaciones sobre la actuación policial de la pasada madrugada
Este jueves hemos tenido noticia noticia de la identificación en comisaría por parte de la Policía Municipal de un grupo de activistas que se encontraban pegando carteles de llamamiento a la huelga feminista del 8 de marzo. Desde Valladolid Toma la Palabra consideramos que este tipo de acciones ponen en riesgo la libertad de expresión, derecho fundamental amparado por la Constitución. Por ello hemos mantenido una reunión urgente con el concejal de Seguridad y Movilidad y la jefa de la Policía Municipal en la que hemos manifestado nuestra preocupación por la posible conculcación de derechos fundamentales.
Vigilaremos de cerca la aplicación de la nueva ordenanza de protección del medio urbano
Nos reafirmamos en nuestro apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo y a todas las acciones de convocatoria y difusión de la misma: pegar carteles que convoquen a la huelga está amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresión y en modo alguno prohibido por la Ordenanza de Protección del Medio Urbano, que excluye explícitamente en su articulado como actuaciones sancionables aquellas amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales (artículos 14 y 15.3). En la reunión con la concejalía de Seguridad y Movilidad y la Jefatura de la Policía Municipal nos hemos manifestado en estos términos, así como hemos hecho ver nuestra postura discordante por considerar desproporcionada la actuación.
La nueva Ordenanza de Protección del Medio Urbana que sustituye a la Ordenanza aprobada por el Partido Popular no se encuentra en vigor, puesto que entrará en vigor un mes más tarde después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que todavía no se ha producido. En cualquier caso, desde Valladolid Toma la Palabra se entiende que la voluntad del Tribunal Superior de Justicia al derogar ciertos artículos que conculcaban la libertad de expresión era clara: una mera pegada de carteles en ningún caso puede suponer una apertura de un procedimiento sancionador. La nueva Ordenanza aprobada el 6 de febrero por el Pleno del Ayuntamiento ha de nacer con la misma vocación.
Queremos recordar que, a petición de nuestro grupo municipal, la concejalía de Seguridad y Movilidad se ha comprometido la semana pasada a la elaboración de un informe trimestral en que se recojan las intervenciones de la Policía, así como las sanciones impuestas y su cuantía, en relación con la nueva Ordenanza. Dicho informe se dará a conocer públicamente y se remitirá a colectivos sociales que así lo demanden, para poder pedir información más detallada si así lo considerasen necesario, puesto que es vital asegurar que la reglamentación municipal no produzca, en ningún caso, un menoscabo del ejercicio de derechos fundamentales. Si se dieran estos casos, Valladolid Toma la Palabra promovería la modificación de los artículos que provoquen este menoscabo.
La Ley Mordaza atenta contra la libertad de expresión
La actuación se ha efectuado con arreglo al marco represivo que establece la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, cuya derogación ha sido ya exigida por la mayoría del Parlamento. Valladolid Toma la Palabra ya solicitó, a través de una moción defendida en el pleno ordinario del Ayuntamiento de enero de 2016, la retirada tanto de la Ley Mordaza como de la reforma del Código Penal, ya que entendemos que incluyen preceptos que vienen a endurecer la restricción de derechos y libertades civiles, pasando a sancionar como infracciones administrativas conductas antes consideradas como faltas, lo cual lleva consigo la pérdida de garantías judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar.
La discrecionalidad que otorga la Ley Mordaza a la Administración a la hora de establecer sanciones, su elevada cuantía, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 €, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, han habilitado un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para sancionar y desincentivar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que nuestra carta magna recoge como derechos fundamentales.
La Ordenanza Antivandálica (aún en vigor) pretendía prohibir la colocación de carteles
En esta misma línea de legislación represiva, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó en 2004, bajo el gobierno del Partido Popular, la Ordenanza para la Protección de la Convivencia Ciudadana, más conocida como Ordenanza Antivandálica, que levantó una importante oposición social y culminó con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que determinaron la eliminación de varios de sus artículos. En lo relativo a la pegada de carteles, en particular, el Tribunal eliminó de la ordenanza el siguiente texto, por considerarlo incompatible con el derecho constitucional a la libertad de expresión:
Artículo 7.–Carteles, adhesivos y otros elementos similares.
- La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá efectuar en los lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración Municipal.
- La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios sólo podrá ser realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados en el interior de los establecimientos.
La nueva ordenanza municipal (que aún no ha entrado en vigor) no prohíbe pegar carteles ni cualquier otra acción amparada en el derecho a la libertad de expresión
A pesar de que los artículos más lesivos fueron eliminados por el TSJ, su espíritu seguía vigente en el resto del articulado, partiendo de la desconfianza hacia a la ciudadanía y presuponiendo su incivismo. Por ello, el actual gobierno municipal decidió derogarla y elaborar una nueva ordenanza, que fue aprobada definitivamente por el pleno el 6 de febrero.
En ella se ha cambiado el enfoque, apostando por una perspectiva integradora y social, que pone la atención en la protección del espacio público y pretende acotar las sanciones a aquellos comportamientos que de manera evidente suponen un maltrato a lo común. La nueva ordenanza deja al margen de dichas sanciones a otras conductas que, simplemente, se derivan de la lógica fricción entre personas de diferentes edades, gustos e intereses sociales, culturales, económicos, etc. así como, naturalmente, las que tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales.
Las actuaciones policiales de la pasada madrugada no tienen ninguna relación con la actual Ordenanza de Protección del Medio Urbano, puesto que aún no ha entrado en vigor: la disposición final del texto establece que “entrará en vigor transcurrido el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”, motivo por el que resulta imposible que las actuaciones policiales puedan justificarse en el nuevo texto. En todo caso, el articulado de la nueva ordenanza en modo alguno prohíbe la pegada de carteles, exceptuando “la propaganda o publicidad mercantil, comercial o profesional”, para la que se recuerda que debe realizarse con sometimiento al régimen establecido en la normativa local o sectorial específica de aplicación.
Foto: El Salto Diario
