- Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Coruña y Terrassa firman una Declaración para defender la autonomía municipal en los Presupuestos General del Estado, que en Valladolid afectaría al cambio de gestión del ciclo del agua
Lo hemos comprobado a lo largo de estos meses, desde que empezamos a impulsar el cambio de gestión del ciclo del agua en Valladolid con el objetivo de dejar en manos públicas un servicio que lleva privatizado veinte años. Las grandes empresas no están dispuestas a ceder terreno, a renunciar a algo que ya consideran suyo pese a que el 30 de junio concluye de manera oficial el contrato con la adjudicataria. Es lógico. A fin de cuentas, ¿quién querría desprenderse de un negocio con el que se mueven muchas cifras que van directas a sus bolsillos?
Pero no estamos dispuestos a permitir que interfieran en algo que es de la ciudadanía, de todo el mundo. Por ello este miércoles el Ayuntamiento de Valladolid se adherió y firmó de manera conjunta con Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña y Terrassa una declaración pública con el objetivo de defender la autonomía de todos los consistorios frente a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
¿Cuál es exactamente el problema con los Presupuestos? Pues que (y citando al comunicado) “la ofensiva neoliberal impulsada por el gobierno del PP” en los Presupuestos “pasa por socavar la autonomía municipal y la capacidad de actuación de los Ayuntamientos”. Básicamente, “el ataque se podría resumir en un lema: el PP persigue menos estado social y más estado central. Y los presupuestos generales del Estado que propugna el ejecutivo de Mariano Rajoy para este 2017 son un paso más en esta dirección”.
En otras palabras, que los Presupuestos Generales del Estado perpetúan la doctrina de la austeridad y encorsetan a los Ayuntamientos para intentar evitar las remunicipalizaciones. Un claro viso de intencionalidad para que las empresas privadas sigan manteniendo el manejo de muchos servicios que, no se nos olvide, deben estar siempre por y para el ciudadano.
Pese a que las cifras y los datos a veces son complicados de entender, en este caso son relativamente sencillas. Según los datos del propio ministerio de Hacienda, en 2016 las administraciones locales generaron un superávit de 7.083 millones de euros, un 0,64% del PIB total del país. Desde 2012 este superávit generado por los municipios supera los 26.000 millones y el nivel de deuda de los Ayuntamientos no alcanza el límite marcado del 3% del PIB, mientras la deuda consolidada de todas las administraciones roza el 100%. A pesar de ello, el ministro Montoro impide que los municipios pongan al servicio de la ciudadanía los recursos generados por esta buena gestión
Es también injusto, porque ataca a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía como son los Ayuntamientos, a las primeras instituciones a las que acude el ciudadano de manera habitual. Es curiosa la contradicción del gobierno del PP que habla de un incremento del PIB del 2,5%; pero reduce un 1,6% las aportaciones a la financiación municipal. También prevén un incremento del 7% de la recaudación a través de los impuestos participados por las grandes ciudades; pero no sólo no prevén otorgar parte de este incremento a las ciudades, sino que reducen la aportación a los municipios de estos impuestos cedidos en un 0,47%.
Más restricciones
No se quedan ahí los impedimentos del Gobierno en su lucha contra la remunicipalización de servicios. Y es que el PP también ha aprovecha los Presupuestos Generales para introducir una nueva y preocupante limitación por la puerta de atrás en sus disposiciones adicionales 27 y 35, con el único objetivo de impedir de manera directa la posibilidad de revertir la privatización de servicios públicos de competencia municipal. Una auténtica injerencia en la capacidad municipal de decidir cómo organizarse y una contradicción con el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a que se presten de forma eficiente y sostenible, y pública siempre que sea posible.
Y por ello, queremos aprovechar la ocasión para pedir adhesión a la campaña de Right2Water (http://bit.ly/2pOkly2), en lucha por la gestión pública del agua, para hacerle ver a Montoro y al Gobierno que estamos cansados, hartos, de que se pongan barreras a la recuperación de estos servicios. Se trata de copiar y pegar el siguiente mensaje y completarlo con la firma, con destinatario cristobal.montoro@congreso.es
Estimado Señor Ministro,
Por la presente le manifiesto mi rotundo rechazo a la Disposición Adicional 27 de la ley de Presupuestos de 2017 que, de aprobarse, supondrá una drástica restricción de la democracia local y la imposibilidad de avanzar en la implementación del derecho humano al agua en su país y por lo tanto en Europa ya que supondrá un freno a los procesos de remunicipalización.
Atentamente,
[Add your name]
*Consulta la Declaración firmada por varios municipios en defensa de la autonomía local
