- Este viernes se ha aprobado en el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial del agua la licitación de suministro eléctrico, de manera que parte de la energía contratada deberá ser de origen 100% renovable
Sí, agua con gestión pública en Valladolid a partir del 1 de julio, pero también pensando en el medio ambiente. En la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Entidad Pública, creada para la gestión del agua en Valladolid, que ha tenido lugar este viernes con la participación de nuestra concejala María Sánchez se ha aprobado el contrato para el suministro de energía eléctrica a las actuales instalaciones que integran el ciclo integral del agua.
En concreto, son 49 puntos de consumo necesarios para tratar el agua en las dos plantas potabilizadoras de la ciudad de Valladolid, transportarla a los hogares mediante la red de Abastecimiento, recogerla de ellos por la red de Saneamiento y depurarla en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Camino Viejo de Simancas, devolviéndola al medio sin contaminación.
Según las estimaciones realizadas, el Ciclo Urbano del Agua necesita para ello unos 22.300.000 kWh/año. Los procesos de mayor consumo eléctrico son los necesarios para la potabilización, un 26,5%, y la depuración, siendo ésta aproximadamente un 69,3% del total.
En todos estos procesos, la EPEL consumirá luz por unos 2.901.115 € al año, 4.351.673 euros para el periodo de los 18 meses que se contratan. La novedad en esta licitación es la división del contrato en 3 lotes, según tensión del suministro eléctrico. Con ello se favorece la participación de las pequeñas y medianas empresas o cooperativas en la licitación.
Asimismo, y de acuerdo con la moción aprobada el pasado mes de septiembre por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, para los lotes 2 y 3 se exige la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables, acreditada mediante la certificación emitida por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de acuerdo con la orden ITC 1522/2007.
Ambas medidas se enmarcan en el objetivo de alcanzar un modelo energético socialmente justo y ambientalmente sostenible, a la vez que se contribuye, con la contratación pública, a implementar las políticas de la Unión Europea en materia social, medioambiental, de innovación, y de promoción a las pymes. ¿Y es que qué sentido tiene cualquier medida tomada desde el Ayuntamiento si no es pensando también en el medio ambiente?
