Moción en defensa de las empresas y personas trabajadoras de Valladolid

El pasado mes de octubre, los líderes provinciales de los sindicatos CC.OO. y UGT y la presidenta de la patronal CEOE en Valladolid, suscribieron con nuestro Ayuntamiento la «Cuarta Estrategia Integrada Local de Empleo y Política Social», que incluye el rescate de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid que el gobierno de la Junta de Castilla y León, entre otras actuaciones, ha decidido dejar de financiar.

En sus intervenciones ante los medios, los agentes sociales agradecieron al equipo de gobierno municipal su compromiso con el Diálogo Social, cuya dotación presupuestaria ha ido aumentando hasta duplicarse respecto al año 2016, en que fue instaurado. Al mismo tiempo, patronal y sindicatos contrapusieron esta unidad en el ámbito local al derribo al que PP y Vox lo están sometiendo en el ámbito autonómico, perjudicando gravemente los intereses comunes de ambas partes y desafiando lo establecido tanto en la Constitución como en nuestro Estatuto de Autonomía.

La CEOE y la UGT coincidieron en destacar la importancia de la paz social que se vive en Valladolid tanto “para consolidar las empresas existentes como para allanar la llegada de otras nuevas inversiones”, mientras que CC.OO., destacó la utilidad social del acuerdo: «Somos punta de lanza en Castilla y León y en Europa. En Valladolid se va a seguir apostando por la igualdad, la diversidad y la atención a todos los colectivos, sin discriminación».

De esta forma, Valladolid se erige como bastión de la causa de los agentes sociales, cuyas denuncias están traspasando el ámbito nacional para llegar al Parlamento Europeo, el Comisario Europeo, el Consejo Económico y Social y el Comité de las Regiones.

A la voladura del Diálogo Social por parte de la Junta hay que añadir otras medidas en la misma dirección, como son la supresión de fondos destinados a estas organizaciones para la defensa de la igualdad de oportunidades, la formación para el empleo y orientación laboral para personas desempleadas y ocupadas, la prevención de riesgos laborales y las políticas que afectan a los colectivos más vulnerables como las personas inmigrantes.

Esta actitud del gobierno del Sr. Mañueco no sólo constituye un ataque sin precedentes a las empresas, los trabajadores y las trabajadoras de nuestra ciudad, sino que también lo es contra la propia ciudad en la medida en la que perjudica a todo su tejido productivo. Atenta,
por otro lado, contra una forma de entender la política que debe prevalecer desde las instituciones, consistente en acercar posiciones, limar diferencias y procurar amplios consensos que den respuesta al interés común.

El último episodio de esta persecución ha sido el anuncio de la Junta de que Castilla y León va a ser la primera Comunidad Autónoma en eliminar su servicio de relaciones laborales (SERLA), el cual se encarga de mediar en conflictos colectivos e individuales. El año pasado el SERLA intervino en 3.534 procedimientos individuales (la cifra más alta de su historia) y en 341 expedientes colectivos. Su supresión, aparte de acarrear una grave inseguridad jurídica, provocará más conflictos (que también serán más duraderos), derivará en más procesos judiciales y encarecerá los gastos a cargo de empresas y personas trabajadoras.

No está en la mano del Ayuntamiento de Valladolid, sin embargo, compensar los desmanes del ejecutivo del Sr. Mañueco respecto a este consenso fundamental, por mucho que desde el ámbito local y como gobierno de la ciudad más importante de la Comunidad tengamos asumida como nuestra la responsabilidad de ejercer un papel tractor y dinamizador de la economía de Castilla y León en su conjunto.

Revertir esta lamentable situación depende exclusivamente de que el gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León dé un giro de 180 grados y recupere la senda de la responsabilidad y la legalidad, es decir, pasa por que el Sr. Mañueco demuestre lo él mismo aseguró ante los medios de comunicación el pasado 20 de enero (“Quien fija la posición en el Gobierno de Castilla y León soy yo”, dijo) y rectifique, resolviendo una grave situación cuyo origen, se deduce de sus propias palabras, sólo cabría atribuírsele a él.

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista-PSOE y VTLP, y en su nombre los concejal que suscriben, presentan esta MOCIÓN para que se adopten los siguientes

ACUERDOS

1. El Ayuntamiento de Valladolid reclama al presidente de la Junta de Castilla y León que:
a) Recomponga de forma inmediata el Diálogo Social y cumpla los compromisos adquiridos en su seno por parte de la Junta de Castilla y León con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO.
b) Garantice la continuidad del SERLA en los mismos términos que hasta ahora.
c) Reintegre a CC.OO., UGT y CEOE los fondos autonómicos que les ha sustraído para el desarrollo de todas las actividades de formación, orientación, prevención,
etc, que venían realizando en favor de personas desempleadas y empleadas.

2. El Ayuntamiento de Valladolid se compromete, además de al cumplimiento de sus obligaciones fijadas en la «Cuarta Estrategia Integrada Local de Empleo y Política Social», a dar cobertura, en el marco de sus competencias, a las empresas y personas trabajadoras de Valladolid que queden desamparadas por la Junta de Castilla y León a consecuencia de sus incumplimientos en el ámbito del diálogo social.