En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI, más conocido como TTIP), también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio (TAFTA) supuestamente con el fin de incrementar el comercio entre la Unión Europea y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con el fin de conseguir incrementar la competitividad.
Desde entonces, la Unión Europea y EEUU están negociando en secreto, con una total falta de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medioambiente, nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general.
Centenares de municipios europeos, en Austria, Francia, Alemania y en España, como por ejemplo Carcaboso en Extremadura, Rivas Vaciamadrid en Madrid y Albolote en Andalucía, han presentado moratorias al TTIP y son municipios declarados opuestos al Tratado. EL TTIP se discute a nivel europeo, pero tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Creemos que dicho tratado no se está negociando con la debida transparencia teniendo en cuenta las importantes consecuencias que sufriría la población, entre las que cabe citar:
- Reducción de los sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones, con un mayor impulso a un sistema donde las corporaciones privadas tengan más presencia.
- Recortes en los derechos de los y las trabajadoras.
- Recortes en los derechos de los y las consumidoras.
- Peligro de daños medioambientales por entrada de extracciones de fuentes de energía fósiles como el Fracking, con la amenaza de contaminar nuestras aguas, o de nuevas sobrexplotaciones por minería.
- Pérdida de soberanía alimentaria y amenaza del comercio regional y local por “armonización” de barreras no arancelarias y supresión de certificados de origen.
- Pérdida de derechos digitales.
- Entrada de productos transgénicos y carne hormonada y tratada con antibióticos, todos ellos hoy prohibidos por la UE por ser peligrosos para la salud.
- Instauración de tribunales de arbitraje privados, conocidos como ISDS que pueden demandar a un estado, región o municipio por ver sus intereses comerciales amenazados y que conllevarían el pago de indemnizaciones millonarias.
- Creación del Comité de Cooperación Reguladora, que se anticipe a los gobiernos, sean estatales, regionales o locales, estableciendo leyes provenientes de los lobbies corporativos.
Los ejemplos citados nos llevan a exigir el “derecho de precaución” reconocido en la UE. Es un tratado que beneficia claramente a las corporaciones por encima de los derechos de las personas y el medio ambiente.
Por ello el Grupo municipal Valladolid Toma la Palabra y, en su nombre, la concejala que suscribe, formula la presente MOCIÓN al Pleno para que se adopten los siguientes
ACUERDOS
1. Declarar a Valladolid como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
2. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con la finalidad de conseguir:
- Que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado.
- Que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las empresas transnacionales en la regulación.
- Que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en los parlamentos nacionales, autonómicos y Ayuntamientos.
- Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.
Valladolid 24 de julio de 2015
Rosalba Fonteriz
Concejala del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra
