- Moción presentada por Valladolid Toma la Palabra, Sí se Puede y PSOE en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2017
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 han congelado el programa 232 B, “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, dotado con 19,7 millones de euros, mientras que el programa 232C, “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, ha subido de 25,2 millones para 2016 a 27,7 millones para 2017.
Entendemos que esta dotación presupuestaria no da respuesta ni a la demanda social de impulso a las políticas para eliminar la discriminación y la violencia hacia las mujeres ni a la proposición no de ley de “Pacto de Estado sobre Violencia de Género” aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados el 15 de noviembre de 2016, para cuyo desarrollo fue creada una subcomisión en el Congreso y una ponencia en el Senado, y cuyo segundo artículo establece:
“2. Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”.
El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género, que la Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estima en 2,4 millones (el 12% de las 20,1 millones de mayores de 16 años residentes en España), y los menores a su cargo a la asistencia social integral y permanente, implicando en ella a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La atención multidisciplinar debe implicar información jurídica y seguimiento de las reclamaciones, atención psicológica y apoyo laboral y social, con servicios de proximidad en todo el territorio que solo pueden asegurar los ayuntamientos, sus mancomunidades o los cabildos o consejos insulares.
La disposición adicional decimotercera de dicha ley previó la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de un fondo para garantizar el funcionamiento y la equidad interterritorial de los servicios establecidos en el mencionado artículo 19, con un sistema provisional durante los años 2005 y 2006, y después en base al diagnóstico “de necesidades, recursos y servicios necesarios” elaborado conjuntamente por las comunidades autónomas y las administraciones locales.
La ratificación por España (BOE de 6 de junio de 2013) del llamado “Convenio de Estambul” (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) obliga, a través de sus artículos 20, 36 y 44, a no limitar los servicios y prestaciones sociales a las víctimas de violencia de género en la pareja o expareja, ni supeditarlos a que la víctima presente, no retire o no se retracte de su denuncia. La misma Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estima en 1,4 millones el número de mujeres que han sufrido agresiones sexuales fuera de la pareja, 120.641 en el último año; de ellas, el 40,4% fueron violaciones y el 59,6% otras formas de violencia sexual. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% entre 14 y 17 años. Esto exige ampliar tanto la prevención, como decenas de ayuntamientos han hecho de cara a las agresiones sexuales en las fiestas locales de 2016, como la atención.
Sin embargo, la Ley 27/2013 de reforma del Régimen Local exige en su artículo 27, apartados 3.c y 6, que la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer sea financiada al 100% por las comunidades autónomas o, en el caso de la Ley Orgánica 1/2004, por el Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 dotan a la partida 450 del programa 232C, “Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres”, con 5,7 millones de euros para las quince comunidades y dos ciudades autónomas de financiación común (excepción hecha del País Vasco y Navarra) y sus 7.602 municipios. Estimando en 9.000 euros/mes el coste salarial de un equipo de abogada, psicóloga y trabajadora social, esa cantidad sólo cubriría 45 equipos, lo que supone la provisión de atención a menos del 4% de los 2,4 millones de mujeres de todo el territorio del Estado que la Macroencuesta estima que lo necesitan, y esto sin desarrollar ninguna labor de prevención ni colaboración con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones encargadas de la prevención y asistencia.
Por todo lo expuesto, todos los grupos municipales Valladolid Toma la Palabra, PSOE y Sí Se Puede y, en su nombre, las concejalas y concejal abajo firmantes, presentan la siguiente moción para que sean aprobados los siguientes
ACUERDOS
- El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno del Estado a realizar una modificación presupuestaria para dotar con 120 millones de euros la partida 460 de transferencias a las Corporaciones Locales para la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, entendiendo por tales no sólo a las agredidas por su pareja o expareja sino a todas las víctimas de violencias machistas, en atención al derecho subjetivo universal que establecen tanto el artículo 19 de la Ley 1/2004 como los artículos 20 y 36 del Convenio de Estambul, de manera que puedan tener idéntico acceso a todo el sistema de atención.
- El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno del Estado a que dicha dotación se transfiera de forma directa a las corporaciones locales para que presten la atención jurídica, psicológica y social especializada y de proximidad establecida por el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, y no a través de una cadena de convenios y licitaciones que cada año conllevan un gasto ineficiente de tiempo y dinero.
- El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno del Estado a establecer una financiación plurianual que permita prestar los servicios públicos mencionados de forma estable, con plantillas públicas estables de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales especializadas, imprescindibles para garantizar la calidad y continuidad de la atención a cada víctima y para lograr una cooperación eficaz con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones encargadas de la prevención y asistencia a las víctimas, así como para alcanzar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de septiembre de 2016.
