- Pleno del 4 de diciembre de 2017, moción de Valladolid Toma la Palabra
MOCIÓN A FAVOR DE LA RETIRADA DE LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y EN APOYO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO
El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la Corporación incluyera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. Esto supone que el Ministerio revisará cada semana las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hasta que se apliquen los mencionados recortes. Y en caso de que no se acaten las exigencias el ministro amenaza con imponer medidas coercitivas de mayor dureza, lo que supone un trato claramente discriminatorio y de dudosa base jurídica.
El Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda asumió el compromiso de dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto.
El trato discriminatorio con los municipios es más que evidente: la Administración central, de cuyas cuentas es responsable Montoro, ha incumplido sistemáticamente no sólo la regla de gasto sino también la estabilidad presupuestaria y no ha tomado ninguna medida de corrección, vulnerando lo prometido a Bruselas. Lo mismo ha ocurrido con tantas otras comunidades autónomas. Por otra parte, son muchos los Ayuntamientos incumplidores de las reglas fiscales que no sufren la hostilidad que recibe Madrid.
Es imprescindible promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifique la regulación de la Regla de Gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de su competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus ingresos extraordinarios a devolver la deuda. Debería eximirse de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, entendidas estas como aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores menor a 30 días.
Es igualmente imprescindible que para el año 2018 el Gobierno apruebe antes del inicio del ejercicio la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que permite destinar los remanentes de tesorería a financiar inversiones financieramente sostenibles y que, posteriormente, modifique de manera definitiva la legislación en ese mismo sentido.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que las corporaciones locales son las que han aportado más a la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que los ayuntamientos presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016). Si comparamos con los datos de las corporaciones locales, en promedio de la UE también demostramos mejores cifras (0,6% del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1% en la media europea). Eso impide que los ayuntamientos se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia que hay en el resto de Europa.
De hecho, tal y como explica la misma AIReF, la aplicación de la regla de gasto es muy diferente al resto de la UE, donde se aplica al conjunto de administraciones públicas no a cada una de ellas por separado, como en nuestro país, lo que es un indicador más del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo, no un objetivo anual de obligado cumplimiento como aquí, y su incumplimiento no conlleva sanciones como las que Montoro se empeña en aplicar a nuestros ayuntamientos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se formulan los siguientes
ACUERDOS
-
Instar al Ministerio de Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por resultar una medida discriminatoria y exceder lo establecido por la normativa vigente.
-
Apoyar la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados y de la Proposición No de Ley aprobada en la Comisión de Hacienda del Congreso el lunes 13 de noviembre, en las que se propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas.
-
Instar al Gobierno a aprobar la prórroga de la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y llevar, posteriormente, una modificación definitiva de la legislación en ese mismo sentido.
Valladolid, 4 de diciembre de 2017
María Sánchez Esteban
Portavoz del Grupo Municipal
de Valladolid Toma la Palabra
Charo Chávez Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
de Sí Se Puede