El pasado mes de marzo se aprobó la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se ha venido a conocer como “Ley Mordaza” por la inclusión de diversos preceptos que vienen a endurecer la restricción de derechos y libertades. En paralelo se llevó a cabo una modificación del Código Penal que pasa a sancionar como infracciones administrativas conductas antes consideradas como faltas, lo cual lleva consigo la pérdida de Garantías Judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar.
Además, diversas novedades introducidas en el Código Penal tienen dudoso encaje en el marco constitucional. Es el caso de las “devoluciones en caliente”, la “prisión permanente revisable» o los «delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla», ya que contradicen principios como el de la función de reinserción social de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal, así como distintos tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad.
La discrecionalidad que otorga la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley de Seguridad Ciudadana como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para sancionar y desincentivar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales.
La norma tipifica nuevas figuras, incluyendo los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales o el uso de capuchas en manifestaciones o faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos. Por tanto, se vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad, entendiendo esta como la responsabilidad del estado.
El propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, calificó como “altamente problemática” la propuesta original de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión”.
La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna, eliminando las diferencias sociales, apostando por buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen más en la prevención que en el castigo.
En ese sentido, también nuestro Ayuntamiento debe dar ejemplo revisando su normativa para evitar que limite los derechos y libertades en nuestra ciudad. La “Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales”, también conocida como “Ordenanza Antivandálica” u “Ordenanza Antisocial” introdujo importantes restricciones a este respecto, hasta el punto de que diversos preceptos fueron anulados por los tribunales. Pero aún hay puntos vigentes que deberían ser revisados para restablecer una relación de confianza y tolerancia hacia la ciudadanía.
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra y PSOE y, en su nombre, los concejales que suscriben, proponen al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- El Ayuntamiento de Valladolid pide al Congreso de los Diputados recién elegido, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana así como de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Segundo.- El Ayuntamiento de Valladolid solicita un debate entre todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana incluyendo la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica General Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
Tercero.- El Ayuntamiento de Valladolid iniciará un proceso de participación para reformar la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales, de forma que pueda ser aprobado un nuevo texto antes de que finalice 2016.
Cuarto.- Se dará traslado de los acuerdos primero y segundo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.
En Valladolid, a 7 de enero de 2016,
María Sánchez Esteban
Portavoz del Grupo Municipal de Valladolid Toma La Palabra
Pedro Herrero García
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
