Para que Valladolid tome la palabra
En Valladolid llevamos más de dos décadas hablando de forma recurrente del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad. Una reivindicación vecinal de los barrios colindantes, sobre todo los del este, que fue calando entre la mayoría de actores sociales y políticos locales. Pese al consenso, apenas nada se ha llegado a avanzar. El Ayuntamiento aprobó el llamado “Plan Rogers”, pero los jugosos terrenos públicos que debían financiarlo no han podido salir aún al mercado, y han ido perdiendo valor progresivamente. Volvíamos a estar en punto muerto y, lo que es peor, con créditos ya contraídos e intereses engordando la deuda cada día que pasa.
Urge dar solución a este asunto, por ser un compromiso adquirido con el vecindario y por evitar que los préstamos pedidos en su día se conviertan en una losa. Sin embargo, todo el mundo se plantea hoy dudas de fondo: ¿Se puede pagar el soterramiento, al menos tal y como se imaginó? ¿Existen alternativas que resuelvan adecuadamente los problemas? No son preguntas sencillas, por eso nuestro compromiso electoral fue sacar a la luz cuanto antes toda la información disponible, socializarla y así tomar una decisión informada en la que participara toda la ciudadanía interesada mediante consulta.
Un planteamiento simple en teoría, pero que ha resultado ser más complejo en la práctica. Por un lado, la información a recopilar era mucha y muy dispersa, puesto que implica también a la Junta, el Ministerio de Fomento, Renfe, ADIF y la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Por otro, la presión de los acreedores obliga a presentar un plan de viabilidad el próximo 30 de septiembre. Ello ha llevado a reducir muchísimo el tiempo disponible para desarrollar un proceso de información, deliberación y decisión con participación de toda la ciudad. Las condiciones para llevar a cabo una consulta no eran, desde luego, las deseables. Como es lógico, otras formaciones y colectivos así lo señalaron, pero creímos que era preferible una consulta mejorable a la toma de una decisión de tal calado sin que la ciudadanía tuviera voz. Lo intentamos hasta el último momento, pero, si a las circunstancias adversas se sumaba la falta de consenso en el método, la empresa era inviable.
Asumimos nuestra parte de culpa: no hemos sido capaces de generar las condiciones para un proceso participativo menos apresurado. Pero no consideramos un error haber defendido que, aun así, la consulta debía hacerse. Era nuestro compromiso electoral adquirido y, sobre todo, es nuestra profunda convicción política y ética: gobernar es decidir con la gente y no por ella, especialmente en los grandes asuntos de ciudad. Haber hecho otra cosa, por tanto, habría sido traicionar nuestros principios y a quienes nos confiaron su apoyo.
Debemos hacerlo mejor, sin duda. Pero creemos que debemos hacerlo por este mismo camino: el de abrir procesos para que Valladolid tome la palabra.
Manuel Saravia, María Sánchez, Alberto Bustos y Rosalba Fonteriz,
concejales y concejalas de Valladolid Toma la Palabra
en el Ayuntamiento de Valladolid
