Valladolid Toma la Palabra ha presentado en la Junta de Portavoces de hoy dos mociones para que sean debatidas en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el 12 de enero. A propuesta de ADICAE, la plataforma ha presentado la moción que no pudo ser debatida en el pleno ordinario de diciembre para instar al gobierno a buscar una solución a los ahorradores afectados por el caso de Fórum Filatélico SA, Afinsa Bienes Tangibles SA y Arte y Naturaleza Gespart SL. Ya son nueve los años que han transcurrido desde la intervención judicial a estas empresas y de la pérdida de sus ahorros a las 477.351 familias afectadas, en su mayoría gente ahorradora de condición humilde. Sin embargo, el procedimiento de liquidación concursal sigue paralizado sin que se hayan instrumentado medidas extraordinarias que den una respuesta eficaz a las víctimas de unas actuaciones que aún siguen pendientes de actuación penal. La moción insta al gobierno a que valore detenidamente y, si lo estima procedente, acepte y lleve a cabo, la propuesta planteada por la Plataforma Solución Fórum-Afinsa, conformada por la Asociación de Consumidores ADICAE y por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, para buscar una solución a los afectados, consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso.
La segunda moción, presentada conjuntamente por los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra y el PSOE, pide al recién elegido Congreso de los Diputados la inmediata retirada de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como “Ley Mordaza”) así como de la Ley de Reforma del Código Penal. La formación considera que la Ley Mordaza incluye preceptos que restringen derechos y libertades fundamentales, mientras que la modificación del Código Penal pasa a sancionar como infracciones administrativas conductas antes consideradas como faltas, lo cual lleva consigo la pérdida de garantías judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar. Muchas de las novedades incluidas tienen dudoso encaje en el marco constitucional, como las “devoluciones en caliente” de personas inmigrantes, la “prisión permanente revisable” o los «delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla», ya que contradicen principios como el de la función de reinserción social de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal, así como distintos tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad. La discrecionalidad de la Ley legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para sancionar y desincentivar el ejercicio de derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación.
Nuestro Ayuntamiento debe dar ejemplo revisando su normativa para evitar que limite los derechos y libertades en nuestra ciudad. La Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales, también conocida como “Ordenanza Antivandálica” u “Ordenanza Antisocial”, introdujo fuertes restricciones de derechos, algunas de las cuales fueron anuladas por los tribunales. No obstante, aún hay muchos aspectos vigentes en la norma que deben ser revisados, por lo que la moción que presentan ambos grupos incluye el acuerdo de apertura de un proceso de participación ciudadana para su modificación que permita restablecer una relación de confianza y tolerancia hacia la ciudadanía.
