La Ordenanza aprobada hoy solo limitará la reducción del tráfico a menos del uno por ciento de los vehículos que diariamente circulan por la ciudad
Comunicado COLECTIVO 28-10-2024
- La Ordenanza que se aprueba hoy limitará la reducción del tráfico a menos del uno por ciento de los vehículos que diariamente circulan por la ciudad
- La mínima extensión delimitada y regulada es una regresión ambiental que no va a permitir reducir emisiones, ni avanzar en el necesario cambio modal
- Las exenciones y accesos temporales que se plantean son un coladero, difíciles de controlar y opuestas al objetivo de la Ley de Cambio Climático
Catorce organizaciones: Alianza Verde, Anticapitalistas, Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA), Asociación Cultural Ciudad Sostenible, ARBA Valladolid (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), Asociación la Curva (Ciclistas Urbanos y Rurales de Valladolid), Ecologistas en Acción, Federación de AMPAs (FAPAVA), Federación de AAVV Antonio Machado, Greenpeace, Izquierda Unida, Podemos, STECyL y Valladolid Toma la Palabra, lamentan la aprobación de una Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid que no va a servir para reducir las emisiones al aire de gases de efecto invernadero ni de contaminantes atmosféricos tóxicos.
Según el Instituto de Salud Global de Barcelona, la contaminación atmosférica ocasiona en Valladolid hasta trescientas muertes prematuras al año. Los contaminantes responsables de este grave problema sanitario son el dióxido de nitrógeno y las partículas finas, en invierno, y en verano el ozono, emitidos directa o indirectamente por el tráfico motorizado, principal responsable de la calidad del aire que respiramos en la ciudad.
Las principales víctimas de la contaminación del aire son las niñas y niños, las personas mayores y aquellas que padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, con mayor prevalencia entre las clases sociales económicamente más vulnerables, que en su mayoría no disponen de vehículo privado, y para las que el debate suscitado con la Zona de Bajas Emisiones resulta completamente ajeno, al no haberse considerado sus derechos.
Para abordar este problema, la Ley estatal de Cambio Climático establece que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes debían establecer “zonas de bajas emisiones” antes de 2023, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo una movilidad basada en el transporte colectivo y los medios activos peatonales y ciclistas.
Sin embargo, pese al drama sanitario y a la emergencia climática, el Ayuntamiento de Valladolid ha reducido a la tercera parte de su superficie el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Valladolid, lo que supone una regresión ambiental y un fraude legal y a la ciudadanía.
Además, se demora la implantación efectiva de esta medida hasta julio de 2025 para vehículos con etiqueta A y hasta enero de 2028 para los vehículos con etiqueta B. Más aún, los usos, exenciones y accesos temporales contemplados en la mínima zona de tráfico restringido aprobada permitirán que la gran mayoría de los automóviles que hoy acceden al centro urbano lo sigan haciendo. Así, la Ordenanza que hoy se aprueba no va a significar más que la reducción de un exiguo uno por ciento del tráfico que hoy circula por la ciudad.
La Zona de Bajas Emisiones afectará como mucho a los 14.000 vehículos que salen de su ámbito (macrozonas 1 y 4), de los 150.000 que circulan en día laborable por Valladolid, según el Plan de Movilidad. De esos 14.000 vehículos, a lo sumo la quinta parte son en la actualidad de la clase A (la mitad serán previsiblemente de las clases A y B en 2028), y de ellos casi la mitad podrían estar exentos o autorizados a circular. Es decir, en 2025 la Ordenanza sólo afectaría a unos 1.400 vehículos diarios, menos del uno por ciento de los que circulan por la ciudad. Y en 2028 serán apenas 3.500, o sea el dos por ciento. De todo punto insuficiente para cumplir ningún objetivo de reducción de las emisiones al aire.
Por otra parte, las subvenciones del Ministerio de Transportes concedidas al Ayuntamiento de Valladolid, dos millones de euros de fondos europeos, obligan a que la Zona de Bajas Emisiones incluya una parte significativa de la ciudad, garantice la reducción de emisiones y prevea la reordenación del espacio público en favor del transporte público, las bicicletas y los peatones. Condiciones que incumple la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento.
Estas medidas para la reducción del tráfico y la mejora de la movilidad activa se vienen implantando con éxito en centenares de ciudades europeas desde hace medio siglo, incluyendo en España las de Pontevedra o Vitoria. Mejoran la calidad del aire, favorecen la redistribución del espacio público, y también mejoran los indicadores económicos de las ciudades, como demuestran numerosos estudios.
Para que las restricciones permitan reducir de forma significativa el número de vehículos en circulación, es esencial que se suprima el acceso libre propuesto a los aparcamientos comerciales públicos ubicados en el interior de la zona de bajas emisiones, promoviendo su conversión en plazas de aparcamiento para residentes.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones debería acompañarse de un programa de mejora del transporte público que amplíe frecuencias y optimice recorridos, con la adecuada conexión con los aparcamientos disuasorios y las localidades del área urbana. Al tiempo que se prioriza y potencia la movilidad activa peatonal y ciclista, y se presta atención al desarrollo de formas de movilidad sostenibles en el acceso a los centros de trabajo.
Especialmente preocupante la posibilidad que abre para solicitar accesos temporales a los centros educativos ubicados en la Zona de Bajas Emisiones para acompañar a los menores de 16 años en sus trayectos de ida y vuelta durante el periodo lectivo. Una excepcionalidad muy difícil de controlar, y que va en contra de la promoción de la movilidad infantil y autónoma, y del derecho de la infancia a la ciudad.
