Intervención del concejal Jonathan Racionero en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid contra la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobamos en la pasada legislatura para mejorar la salud de la ciudadanía y avanzar hacia una ciudad más saludable y amable.
En el período de alegaciones que finalizó el pasado 15 de septiembre, se recibieron 97 alegaciones en el período abierto para tal fin. Se han denegado todas las alegaciones presentadas salvo el requerimiento del informe de impacto de género. Un informe que solo dice que no tiene datos para desarrollar un documento de calidad y que, siempre y cuando se implementen otras medidas alternativas que favorezcan la perspectiva de género, todo irá bien. Pero todos los informes existentes a niveles nacional e internacional hablan de que: “las mujeres presentan patrones de movilidad más complejos, puesto que incluyen más intermodalidad y, en particular, uso de más transporte público y a pie”. Por lo que devolver los espacios al transporte privado y empeorar el servicio público, no beneficia a nadie, pero especialmente, mucho menos a mujeres, personas mayores, niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables.
Se echa en falta, además, el informe de AUVASA, importante y necesario, teniendo en cuenta que es una de los principales implicados en este tema. Para el actual equipo de gobierno, “solo es un operador más y por lo tanto su informe no lo ven necesario”. Pero cabe recordar que esta modificación en la Ordenanza les afecta directamente, más aún cuando todavía no se conoce el uso que se las va a dar a los carriles bus-taxi existentes.
Los datos de AUVASA estiman en aproximadamente 18 millones de viajeros/as en el trasporte público de la ciudad. 94.000 diarios, cifras que aumentan cada año. En el día sin coche esta cifra ascendió hasta los 103.000, lo que habla de que es la opción preferida por la ciudadanía cuando el coche deja de ser la opción, aunque solo sea por un día. Además, llama la atención el incremento de un 33% en el servicio BUHO.
Los datos, además, avalan que los cambios realizados en la anterior etapa por el equipo de gobierno, dan sus frutos: se habla de un incremento notable en el uso de la bicicleta en la ciudad, especialmente desde la introducción de Biki en el primer trimestre de 2023. Son más de 2.000 usos diarios de este sistema en el mes de septiembre. Ya está en marcha la siguiente convocatoria de fondos europeos que va a desarrollar 7 nuevos carriles bici, mérito también del anterior equipo de gobierno, al igual que los nuevos aparca-bicis cubiertos.
En cambio, el actual Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad, propone dos proyectos nuevos. Uno para sustituir el carril bici de Isabel la Católica por otro de carácter recreativo pero que no cumple con el objetivo de favorecer la movilidad real por la ciudad. Otro, en la ampliación del puente de Poniente. Ambos proyectos con un presupuesto por encima de los 7 millones de euros y que no contarán con fondos europeos por sus características. Digan lo que digan, jamás servirán para sustituir lo que ya existe. Para la sustitución de la Avenida de Gijón ni si quiera tienen planteada alternativa.
Ya lo escucharon claramente en el Consejo de Movilidad, lo han expresado una y otra vez los colectivos sociales y lo han manifestado estos meses de atrás: estos cambios no son buenos y no son necesarios. Han salido a las calles, han presentado más de 1600 quejas y sugerencias y más de 90 alegaciones. Han participado en esta sala de plenos. Le han entregado el Maillot negro, han colocado mesas de información y realizado actividades en la calle. Ustedes no escuchan.
Se les ha recordado, además, que su argumento de que sus políticas buscan equilibrar el viario y la eliminación de ciertos atascos, es falso. Este fenómeno ya está estudiado, tienen varios nombres, pero la conclusión es la misma: “si se crean más accesos, se induce a una demanda de forma artificial, por lo que al final las personas que ya habían optado por cambiar su rutina o bien por otro modo de moverse en la ciudad, acabará por volver a modificar sus rutinas, generando nuevos atascos”.
Esta modificación, además, va en contra de los criterios de la unión europea y la tendencia mundial. En nuestro ordenamiento jurídico, se recoge el Principio de No Regresión dentro del PREÁMBULO de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética con el siguiente texto:
“Desde el punto de vista medioambiental, este principio de no regresión se define como aquel en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental.
En el caso de los Estados descentralizados como España, este principio ordena también la interconexión interordinamental: ya no solo como proyección temporal entre normas anteriores y posteriores, sino en el juego de las bases de las normas ambientales, es decir, que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia puedan establecer niveles de protección más altos que la legislación básica estatal”.
Se trata, en definitiva, de no dar pasos atrás en los estándares de protección medioambiental y en la plasmación de la misma en los instrumentos de ordenación urbanística.
El principio de no regresión no consiente una aplicación mecánica, exige un esfuerzo de ponderación de los valores en presencia que debe quedar reflejado en el expediente administrativo, en la documentación, y exteriorizarse en la correspondiente motivación para explicar las razones que llevan a la adopción de determinadas medidas que puedan reducir el nivel de protección ambiental hasta ahora alcanzado y su justificación desde la perspectiva de un interés público prevalente. Pero cuando les decimos que se echan en falta algunos informes técnicos como el de AUVASA nos dicen que no hace falta.
Es cierto que los carriles bus y bici que van a suprimir no fueron sufragados con fondos europeos, pero estos fueron un criterio que se valoró cuando se postuló para el programa 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030 y la reciente consecución del Sello Misión, esa por la que han salido en prensa hace poco, al igual que el premio que le dieron a BIKI pocas semanas antes. Cuidado con jugar con fuego, esta modificación es una clara política en contra de los criterios que establece Europa (incluso el Gobierno) para la captación de Fondos en beneficio de actuaciones en materia de sostenibilidad. Ya se han captado más de 100 millones de estos fondos para políticas públicas, les pedimos que no pongan en riesgo lo que esté por venir. Eso sí, recuerden que, para soterrar, ese tema que mantienen un poco escondido, no pueden pedir nada, aunque en campaña dijeran que sí.
Toda la argumentación es contraria a su propósito de modificar esta ordenanza. Lo saben, pero, les da igual. La mayoría de votos les da la mayoría en este ayuntamiento, pero eso no quiere decir que tengan la razón y que sea lo mejor para la ciudadanía. Lo dijeron ustedes en el primer Consejo de Movilidad de hace apenas dos semanas: no había ni una sola alegación que argumentara en su favor. Quizás sea que no la haya, ¿lo han pensado? Por lo tanto, no creo que piensen que sea una sorpresa que no podamos apoyarles una vez más en su empeño de modificar esta Ordenanza.
