- El Ayuntamiento adjudicará las viviendas a finales de mes o comienzos de marzo. Reportaje publicado el 12 de febrero en El Mundo – Diario de Valladolid
El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido 181 solicitudes para adjudicar las 58 nuevas viviendas destinadas al alquiler social. La división sale a más de tres familias aspirantes para cada piso.
Esas peticiones son las consideradas ‘válidas’. Otras 109 han sido excluidas por no cumplir los requisitos. En la mayoría de los casos se desechan por exceder el nivel de ingresos máximo (hasta 1,3 veces el Iprem, el equivalente a ganar un tope de 8.400 euros anuales). En estos casos, los solicitantes son ‘recolocados’ en otro listado, en el régimen general de demandantes de vivienda en alquiler, donde el precio del alquiler, siendo también protegido, resulta más elevado.
Los 58 nuevos pisos se suman a los 13 que hasta ahora componían el parque social de viviendas municipales, las llamadas ‘viviendas blancas’, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingresos precarios o insuficientes, procedentes de desahucios o a eliminar situaciones de infraviviendas, chabolismo o hacinamiento.
La adjudicación de las viviendas se llevará a cabo a finales de este mes de febrero o comienzos de marzo, según explica el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.
Entretanto, estos días se están adaptando los inmuebles para recibir a los nuevos inquilinos, acometiendo las obras de adecuación necesarias. Por ejemplo, la próxima semana entrarán a trabajar los pintores en las viviendas. También se está procediendo a reparar y amueblar las estancias que lo exijan, en especial las cocinas. Algunos inmuebles se entregarán con mobiliario mientras que otros se ofrecerán vacíos, explica el edil de Urbanismo.
Las nuevas viviendas fueron adquiridas a finales del año pasado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), que destinó algo más de tres millones de inversión en la compra y puesta a punto de los nuevos inmuebles.
Para la adjudicación de las viviendas en régimen general, VIVA establece un sorteo entre los solicitantes ‘aptos’. Pero, para estas ‘viviendas blancas’, el orden lo establece la puntuación obtenida por cada familia.
En la baremación, puntúan criterios salariales (se concede ventaja a aquellas familias con menores ingresos), la situación familiar (se priorizan hogares con menores, personas con discapacidad, dependientes o con problemas de salud) y las condiciones de su actual alojamiento (infraviviendas o convivencia en situación de hacinamiento con otras personas). También tienen prioridad las personas que han sido desahuciadas en los doce meses previos.
Para calcular cuánto deberán pagar las familias por el alquiler, VIVA aplica una renta social variable solidaria vinculada a los ingresos de la sociedad arrendataria. En ningún caso la mensualidad excederá el 30% de los ingresos que perciba cada hogar. El arrendamiento estará libre de carga para familias cuyos ingresos estén por debajo de 326 euros, importe tomando como referencia de la renta garantizada de la ciudadanía.
A este lote de viviendas se incorporará este año otra operación inmobiliaria similar, ya que el Ayuntamiento destinará tres millones a adquirir otro medio centenar de pisos.
Cambio de perfil en las peticiones de ayudas
La ampliación del parque municipal de viviendas sociales está llamado a paliar los problemas habitacionales, en gran medida derivados de la crisis económica. Unos problemas que, en los últimos años, están cambiando de perfil, según constata la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero: al Ayuntamiento le llegan cada vez menos solicitudes para pagar la hipoteca (166 ayudas concedidas el año pasado) pero más para hacer frente al alquiler (849 prestaciones el año pasado). Similar es la proporción en el número de desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en Valladolid se ejecutaron 95 lanzamientos hipotecarios en los primeros tres trimestres del año pasado, frente a los 224 desahucios contra inquilinos. «No notamos que la recuperación económica esté llegando a las familias, sino que se incorporan personas que ganan 400, 500 o 600 euros» y que, a duras penas, pueden pagar los 300 euros que, como mínimo, cuesta arrendar un piso en la ciudad.
Además de la solicitud de ayudas, en Valladolid existen varias vías para combatir estas situaciones de emergencia habitacional. Para prevenir desahucios hipotecarios, la Junta y las entidades locales implantaron a finales de 2012 un servicio que, en estos cinco años, ha atendido a 783 familias en Valladolid. De ellos, 67 expedientes se iniciaron el año pasado y 42 aún siguen abiertos. La oficina, por cierto, está en San Benito, donde dos trabajadores sociales prestan ayuda integral a los afectados. La mitad de los casos no pasan de la fase previa, que consiste en asesorar a las familias. Mientras, 377 expedientes se derivaron a una mediación con las entidades financieras. De ellos, 125 se cerraron con una reestructuración de la deuda, otros 16 con la dación en pago y 55 más con otro tipo de acuerdos.
Desde Stop Desahucios, valoran la labor de asesoramiento que prestan las administraciones públicas pero, a la hora de negociar con los bancos, consideran que la presión social es un elemento de fuerza para arrancar mejores acuerdos. Además, creen que conseguir una reestructuración de la deuda o un periodo de carencia no es la solución idónea sino «un parche», indica Rosa Estrada. Desde el colectivo, priorizan la dación en pago, que permite a una familia zafarse de la carga hipotecaria con la entrega de la vivienda. Y lamenta el exiguo número de daciones conseguidas por el servicio de la Junta: 16 en cinco años, cuando su colectivo logró una veintena sólo en 2016.
