Ante el anuncio del pasado miércoles del pacto del Gobierno con sus socios parlamentarios para la aprobación de la nueva (y esperada) Ley de Vivienda, VTLP valora el desbloqueo de esta ley muy positivamente.
En primer lugar, porque las medidas que se plantean van todas en la buena dirección. Es decir, están dirigidas a favorecer la tenencia (en propiedad o, sobre todo, en alquiler) de una vivienda por hogar, como exige la Constitución. María Sánchez se ha comprometido a que en todo lo que dependa del Ayuntamiento, el de Valladolid, responderá positivamente. Por ejemplo, en el tratamiento fiscal de las viviendas vacías de propietarios de varios inmuebles.
Por otro lado, el Ayuntamiento continuará contribuyendo al desarrollo del parque público de viviendas de alquiler, tanto propio como de la Comunidad Autónoma, a la que se está en proceso de concesión de varias parcelas en la ciudad, por un valor de más de 20 millones de euros.
Un Ayuntamiento que en los últimos 8 años ha dado un vuelco a la política pública de vivienda, multiplicando el parque público municipal de viviendas sociales por 20, pasando de las 12 de 2015 a las 237 actuales (el pasado jueves se adquirió otra, y el lunes, una más, en un proceso constante de compra de viviendas en toda la ciudad). Un parque público destinado a la población que no puede acceder al mercado de la vivienda, a la que se aplica una renta variable, para garantizar que no se supere el 30% de sus ingresos (con las correspondientes correcciones, en función de las circunstancias del hogar).
«Como decimos, el Ayuntamiento está cumpliendo con su papel, concretado en el nuevo Plan de Vivienda 2021-2025 impulsado por Manuel Saravia (en el que se contemplan otras medidas, además de la ampliación del parque)», en palabras de María Sánchez.
También se dirigió el Ayuntamiento al Gobierno y a la Junta para proponer medidas de política de vivienda, en el proceso de formación de las nuevas leyes. El Gobierno Central ya parece haber desbloqueado la ley estatal, pero la Junta mantiene paralizada la nueva ley autonómica del derecho a la vivienda, a pesar de que en esa administración se concentran las principales competencias en esta materia.
«Más aún, los anuncios que tanto el Sr. Feijóo, como otros dirigentes del PP han hecho, en los que se expresa que no tienen intención de aplicar las principales novedades de la ley relativas a los alquileres (el tope al aumento de precios de alquiler o la definición de grandes tenedores) para luchar contra la especulación, augura lo peor», explica Sánchez.
