Cristina Colino alerta del intento del equipo de gobierno de aprobar “a toda prisa y de espaldas a la ciudadanía” un plan que elimina garantías básicas para las familias más vulnerables
El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra ha presentado 44 alegaciones al Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, que este jueves se ha llevado a una comisión extraordinaria de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, convocada “con prisas y sin debate público”, con el objetivo de aprobar un documento que, a juicio del grupo municipalista, supone un grave retroceso social en las políticas públicas de vivienda de la ciudad.
La concejala de VTLP Cristina Colino ha denunciado que esta convocatoria exprés responde a la voluntad del equipo de gobierno de “esconder la aprobación de un plan que desmantela las políticas públicas de vivienda construidas en los últimos años” y que da la espalda a la ciudadanía en un momento especialmente crítico en materia habitacional. “Estamos asistiendo a la constatación de un abandono deliberado de las políticas públicas de vivienda impulsadas por el anterior equipo de gobierno. Se legisla de espaldas a la ciudadanía en una cuestión tan central como la vivienda, justo cuando más protección se necesita”, ha señalado Colino.
La concejala ha advertido además de que este Plan Municipal de Vivienda 2026-2030 se debatirá el próximo lunes en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, tras haber pasado por una comisión extraordinaria convocada con carácter urgente. “Se pretende cerrar uno de los documentos más importantes de la legislatura sin tiempo para el debate público ni para la participación real de la ciudadanía”, ha subrayado.
Entre las alegaciones registradas, VTLP sitúa como eje central la exigencia de blindar la renta social, recuperando de forma expresa la Renta Social Variable Solidaria (RSVS), un sistema que garantizaba que ninguna familia del parque municipal destinara más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, y que estaba recogido en el anterior Plan Municipal de Vivienda elaborado durante la etapa del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Saravia (VTLP). Desde el grupo municipalista denuncian que, pese a que el equipo de gobierno sostiene que este criterio ya está incorporado en el nuevo plan, no aparece recogido de manera explícita ni con garantías jurídicas en el documento, lo que deja a las familias vulnerables sin una protección real y verificable. El nuevo plan elimina este sistema objetivo y lo sustituye por una referencia genérica a “renta social” sin criterios técnicos claros, lo que, según VTLP, rompe las garantías existentes y genera una grave inseguridad jurídica para las familias más vulnerables.
En este sentido, la Alegación 11, relativa a los Programas de Alquiler del Parque Municipal de Viviendas, denuncia que en las páginas 92 y 93 del documento desaparece el límite estricto del 30 % de los ingresos de la unidad convivencial. “Eliminar este sistema supone dejar a las personas inquilinas sin una protección objetiva frente a subidas encubiertas del alquiler. La renta social no puede depender de la discrecionalidad política”, ha subrayado Colino, quien ha insistido en que ninguna familia debería dedicar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda.
Desde Valladolid Toma la Palabra alertan además de que el Plan 2026-2030 ignora la creciente crisis habitacional en Valladolid, renuncia a aplicar de forma efectiva la Ley de Vivienda y evita utilizar herramientas clave para intervenir en el mercado del alquiler. “No se puede hacer política de vivienda negando la realidad y renunciando a los instrumentos públicos que existen para garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha afirmado la concejala.
El grupo municipal también cuestiona la transformación del programa ALVA, que abandona un modelo de intermediación pública gestionado desde la Sociedad VIVA para sustituirlo por un sistema basado en seguros privados de impago. “Se pasa de un modelo de bomberos públicos a otro en el que el Ayuntamiento se limita a pagar la prima del seguro mientras la casa se quema. Es la renuncia definitiva a la gestión pública de la vivienda”, ha concluido Colino.
