Artículo de opinión de María Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra, publicado en El Día de Valladolid del 9 de abril de 2021.
Cuando se municipalizó la gestión pública del agua, quienes se oponían esgrimieron a menudo el argumento de que era una decisión “ideológica”. Una crítica realmente curiosa, que parece intentar colarnos el bulo de que cabe hacer una política aséptica, a la que no guíen ideas o principios.
Para tomar aquella decisión, nos apoyamos en informes técnicos, jurídicos y económicos. Se justificó la necesidad y la oportunidad, los beneficios para el servicio y la ciudadanía y la sostenibilidad económica del cambio de modelo. Pero sí, por supuesto, además de ello había detrás una convicción. La convicción de que algunas cuestiones, como el acceso a bienes de primera necesidad, deben quedar fuera de la lógica del mercado. Que nadie debería poder hacer negocio a costa de derechos humanos básicos. ¿Es eso ideología? Por supuesto. Pero es una idea que, probablemente, suscribirían personas que han votado por opciones muy diversas.
Recientemente hemos anunciado que el Ayuntamiento asumirá también la gestión directa de NEVASA, la empresa de servicios funerarios. Otra decisión ideológica, según algunos, que se preguntan qué gana la ciudadanía vallisoletana con ello. Pues bien, gana eso: hacer que los servicios básicos no puedan verse como la oportunidad de hacer negocio. Hace bien poco, con el llamado “caso de los ataúdes” vimos hasta qué punto la codicia puede llevar a faltar al respeto a algo tan sensible.
Pero no hace falta llegar a esos extremos de falta de ética. La gestión privada, por lógica y de manera legítima, busca el beneficio. Antes, de cada euro que pagábamos por el agua, además de cubrir los costes del servicio, de mantenimiento, salarios, etc., una parte se iba a beneficio privado. Y una parte nada despreciable, a juzgar por el interés de muchas empresas en gestionar servicios públicos: son un negocio rentable.
Es normal que las empresas busquen su interés propio, como debería ser normal que las administraciones públicas pensemos en el interés general. ¿Acaso no es más razonable que ese dinero que pagamos por los servicios públicos vaya íntegramente a dichos servicios? ¿Por qué ha de sacar provecho un particular de lo que son nuestras meras necesidades, cuya atención la ley encarga a los ayuntamientos?
Gracias a la gestión pública es posible poner en primer plano y por delante de ningún otro criterios sociales y medioambientales. Tener las manos libres para tomar cualquier decisión que sea oportuna para que las dificultades económicas no puedan ser un problema para ninguna familia, un dolor añadido a la pérdida de alguien cercano. Esa, y no otra, es la ideología de lo público.
