Año 2014. Corría el verano y aún faltaba un año para las elecciones municipales. Un grupo de gente empezaba a darle vueltas a otra manera de gobernar nuestras vidas. Llegó el otoño y empezó a tomar forma un sueño que rondaba en muchas cabezas y latía en muchos corazones; “en mitad del invierno aprendían que había un verano invencible” a la vuelta de la esquina. Aquella primavera fue un estallido de color y había que decidir si ese era el cambio que estábamos esperando. Era solo el principio…
Nos habíamos comprometido a darle calor a las palabras para alcanzar la temperatura exacta de la democracia y no se perdió ni un minuto para cumplir aquella promesa. En el último pleno de 2016, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la remunicipalización del servicio del ciclo integral del agua (potabilización, abastecimiento, saneamiento y depuración), sumándose a las más de 180 ciudades en todo el mundo que están apostando por la recuperación de la gestión pública del agua, y convirtiéndose en el primer proceso de estas características que se desarrolla en una gran ciudad (es decir, de más de 250.000 habitantes) del Estado.
Hace veinte años que se privatizó la gestión del agua en Valladolid sin que nadie lo llevase en su programa y sin consulta previa a la población. Veinte años durante los cuales nadie ha dado explicaciones sobre los 7 millones de euros que la empresa adjudicataria no invirtió en la renovación de los contadores o por los 232 millones de euros no invertidos –por el desvío ilegal de las tasas municipales a otras partidas presupuestarias- en la mejora de la red de infraestructuras. Veinte años de dejación en el control público de la concesionaria que permitieron un sistemático incumplimiento de su contrato y obligaciones para la ciudadanía.
Después de veinte años ha habido un estudio técnico, jurídico y económico –realizado por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento y no por una consultora privada-, un proceso largo pero transparente y riguroso, un ejercicio legal y legítimo de autonomía municipal y de compromiso electoral, para tomar una decisión que devolverá un recurso económico, un bien común y, sobre todo, un derecho humano básico a la gestión eficaz, eficiente y participativa que solo desde lo público se puede garantizar.
Y pese a que toda esta información ha estado y estaba al alcance de quienes asistieron al pleno del pasado 30 de diciembre hubo palabras que, de nuevo, nos devolvían al frío. Porque el argumento más repetido, por parte de quienes no estaban de acuerdo con esta decisión, era que se trataba de un cuestión «ideológica». ¿Y qué hacemos en política más que defender unas ideas, por todo el mundo conocidas, y que llevábamos en nuestro programa electoral? ¿Por qué quienes enarbolan el libre mercado, la inversión tecnológica y la eficaz gestión privada desde su calidad de representantes públicos no le cuentan a la ciudadanía que esa también es una cuestión «ideológica»?
Quizá porque si lo hicieran, más y más gente seria y comprometida daría un paso al frente y sería capaz de cambiar el mundo a la medida de sus sueños. Esa gente seria y comprometida que, en realidad, es la única que puede hacerlo.
