Esta mañana hemos acudido a la concentración «Fin del plazo, se acabó el tiempo» de Colectivo Indignado, en la Plaza Mayor, para denunciar el incumplimiento por parte del Estado español de sus compromisos con las personas refugiadas. Como señala la organización convocante, «el pasado martes 26 de septiembre terminó el plazo fijado para que España y el resto de los Estados de la Unión Europea (UE) cumplieran con el compromiso asumido de acogida de personas refugiadas. En el caso de nuestro Gobierno, la nula voluntad política ha quedado demostrada en el incumplimiento flagrante de la responsabilidad asumida: de las 17.337 personas que debíamos acoger, España sólo ha acogido a 1.983 personas, un exiguo 13%».
Esta concentración fue comunicada a la subdelegación del Gobierno hace semanas. Según hemos podido saber, también se habían comunicado dos concentraciones «por la unidad de España» en la Plaza Fuente Dorada y en la Plaza de la Rinconada, y otra adicional a través de redes sociales. Sin embargo, un nutrido grupo de manifestantes de ultraderecha han ocupado la Plaza Mayor, donde se encontraba la concentración de Colectivo Indignado. Al poco tiempo, y ante la completa pasividad de la Policía Nacional, han comenzado a rodear, acorralar, insultar, amenazar y lanzar objetos a quienes nos encontrábamos allí, entre gritos racistas y xenófobos, cánticos falangistas y banderas franquistas. En la concentración se encontraban varios concejales y miembros del equipo de gobierno, entre ellos Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos, así como decenas de activistas que mostraban su solidaridad con las personas que huyen de la guerra.
Ante la violencia desplegada, las agresiones y la escalada de tensión, la concentración al completo fue desalojada de la Plaza Mayor por los agentes policiales, los cuales no efectuaron ninguna identificación o detención entre los atacantes. Ya fuera de allí, el acoso continuó en otras plazas y calles sin que la Policía Nacional hiciera más que interponer un laxo cordón de seguridad.
Valladolid Toma la Palabra exige la dimisión del Subdelegado del Gobierno por la temeridad de permitir la coincidencia de ambas concentraciones y no disponer de suficientes efectivos para garantizar la libertad de expresión y la seguridad de las personas manifestantes. Denunciamos la pasividad de la Policía Nacional por no identificar a quienes han insultado, amenazado y agredido a la concentración y exigimos una investigación que depure responsabilidades por lo sucedido.
Lejos de ser una libre expresión por la defensa de las instituciones, este tipo de manifestaciones representa una instrumentalización xenófoba y fascista en contra de los derechos de las personas refugiadas y de la toma de decisiones de los pueblos.
