Desde el año 1995, 1378 mujeres han sido asesinadas. Solamente este verano han sido asesinadas 37 mujeres, y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia de género en múltiples formas, y estos datos son solamente la punta del iceberg. En los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales, y los derechos reproductivos, desprotección en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de entre 16 y 18 años y recortes en los recursos especializados contra este tipo de violencia.
Creo que es justo que desde las administraciones públicas hagamos balance y agradezcamos el trabajo de quienes están manteniendo la reivindicación, la visibilización, la propuesta y también el acompañamiento y la asistencia a las víctimas en Valladolid. En ese agradecimiento tiene que estar muy presente la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que no se conforma y lucha para que se reconozca que la violencia de género es un problema público y un problema social de primer orden. El mes pasado pusieron encima de la mesa una propuesta a todos los grupos municipales. Desde Valladolid Toma La Palabra vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, que se garanticen recursos reales en materia de prevención, protección y formación. Es un compromiso propio, pero también una exigencia a las administraciones que tienen plena competencia en la materia. La partida presupuestaria estatal prevista para el programa de Violencia de Género es, una vez más, absolutamente insuficiente para asegurar la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establece la ley. Sin esa implicación del gobierno central y habiendo atado de pies y manos en esta materia a los Ayuntamientos con la reforma de la administración local, la lucha contra la violencia de género sigue sin ser considerada una cuestión de máxima prioridad. No sabemos a cuántas mujeres más tienen que matar para que esto deje de ser así.
Ante ello, hace falta un esfuerzo más decidido de todas las administraciones en las políticas de igualdad. Algunas de las propuestas que recoge la moción, como es lógico, ya están incluidas en los sucesivos Planes Municipales de Igualdad, aunque no siempre se han llevado a cabo o no con suficiente decisión. Es de justicia reconocer que afortunadamente esto es así, y no partimos de cero. Pero sí es cierto que estamos aún lejos de una acción institucional a la altura del enorme reto social que afrontamos.
Una de las tareas indispensables es dar respaldo institucional a las justas movilizaciones de los colectivos feministas; el 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado para manifestarnos contra las violencias machistas diez años después de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, normativas que se incumplen sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, que no ponen en marcha porque sólo se da protección laboral o económica al 1% las más de 126.000 denunciantes; recursos insuficientes en materia de vivienda, y crecimiento de la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia. Recordemos que la invisibilidad nos hace vulnerables.
