Valladolid Toma La Palabra presentará al próximo Pleno de Valladolid del mes de abril una moción para instar a la Diputación Provincial a llegar a un acuerdo sobre la cuenta de liquidación de Villa del Prado, de forma que se minimice la deuda de cualquiera de las dos partes.
El 31 de julio del año 2.000, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valladolid suscribieron un convenio urbanístico sobre “condiciones detalladas para la ejecución del planeamiento urbanístico del sector 18″. El 12 de diciembre del 2.000, el Ayuntamiento firma un convenio con VIVA en el que se subrroga a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda como agente urbanizador.
El 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de VIVA aprobó el la propuesta de liquidación del Proyecto de Reparcelación del sector. La aprobación definitiva de la cuenta de liquidación tuvo lugar el 30 de junio de 2017. Sin embargo, la diferencia entre los valores fijados a efectos de cesión de las parcelas y los obtenidos con su enajenación a terceros, suponen la principal discrepancia entre la Diputación Provincial y el Ayuntaminto de Valladolid.
En el proyecto de actuación se adjudicaron a la Diputación 63 parcelas; de las que 24 estaban previstas para sufragar la parte de los costes y gastos de urbanización y reparcelación imputables a la administración provincial. Tales parcelas fueron cedidas por la Diputación al Ayuntamiento en junio de 2002 y septiembre de 2003. Pero esa no era la única discrepancia. Pues tampoco se estaba de acuerdo en la cuantía de los gastos de urbanización que se debía abonar. Ni en quién debería ser el beneficiario de los rendimientos financieros generados tras la cesión de las parcelas (por la diferencia temporal de cobros y pagos). Ni cómo debía influir, a la hora de valorar las parcelas, el aprovechamiento urbanístico de tipo comercial en los edificios residenciales. Y el desacuerdo con la Diputación ha llegado hasta el punto de que la propuesta municipal haya sido objeto de recurso contencioso-administrativo.
Como consecuencia el Ayuntamiento reclamaba a la Diputación 4,78 millones de euros. Y ésta no solo lo rechaza, sino que considera que es el propio Ayuntamiento el que debe devolver a la Diputación una cantidad determinada.
Desde 2015 se han promovido por parte del gobierno municipal, varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo entre ambas partes. La última reunión se realizó en octubre de 2018 en la Diputación, y de la que se concuyó trabajar alguna fórmula para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que en la reunión se veía posible.
Entendemos que dos administraciones publicas que tienen como objetivo el interés público de la ciudad y la provincia, podría pensarse en alcanzar un acuerdo, sin necesidad de acudir a la justicia. Sin embargo, en la última reunión entre ambas administraciones, se comunicó al representante del Ayuntamiento que el Presidente de la Diputación había ordenado no acceder a la suspensión del procedimiento judicial y no negociar nada. Que era preferible seguir en los juzgados y esperar sentencia. Una posición que avaló al día siguiente, en la radio, el diputado de Hacienda, manifestando que “difícilmente cabe otra salida que no sea una resolución judicial”.
Desde Valladolid Toma La Palabra consideramos que el acuerdo en este asunto es tan deseable como indeseable la confrontación judicial entre ambas administraciones.
