La formación denuncia que el convenio aprobado por VIVA no pone en marcha ningún servicio nuevo, sino que respalda una oficina ya existente, mientras se relegan las verdaderas urgencias de la vivienda: el acceso al alquiler, la rehabilitación y la emergencia habitacional
ENLACE: Audio de Cristina Colino
La concejala de Valladolid Toma la Palabra, Cristina Colino, ha criticado la aprobación de la mañana del miércoles en el Consejo de Administración de VIVA del convenio entre el Ayuntamiento, la sociedad municipal y la Cámara de la Propiedad Urbana para la creación de una oficina de información antiocupación. Según ha explicado Colino, «no se está creando nada: esa oficina lleva funcionando desde junio de 2023 en la misma sede de la Cámara, fruto de un convenio con la Junta de Castilla y León. Lo único que hace el Ayuntamiento hoy es poner su sello en algo que ya existía».
Para VTLP, el convenio responde a un problema que en Valladolid no existe. La propia Consejería de Vivienda ha reconocido que la mayoría de los casos que atienden estos servicios no son ocupaciones ilegales, sino impagos de renta, y que la intervención policial ha sido «muy poco» frecuente. Los datos de Fiscalía llevan además años mostrando que las diligencias por usurpación bajan, no suben.
«Este convenio no nace de una necesidad real en Valladolid, nace de un argumentario que la extrema derecha lleva años instalando. Fue la extrema derecha quien en plena campaña de 2023 convirtió la ‘ocupación’ en bandera electoral, y hoy vemos cómo el PP ha terminado asumiéndolo como propio, primero desde la Junta y ahora también desde este Ayuntamiento. No estamos ante una respuesta a un problema de seguridad, sino ante la enésima vez que se convierte un fenómeno marginal en arma política», ha señalado la concejala de Valladolid Toma la Palabra.
La concejala ha recordado que Valladolid tiene problemas de vivienda reales y urgentes que atender como el acceso a un alquiler asequible, la rehabilitación del parque público, la respuesta a las familias en situación de emergencia habitacional, y que «dedicar tiempo, recursos y estructura municipal a firmar convenios sobre un problema que en esta ciudad no existe es una forma más de mirar hacia otro lado ante lo que verdaderamente sufren las vecinas y vecinos».