El reto de recuperar la gestión pública del agua

• Suplemento de medio ambiente de El Norte de Castilla del 27 de diciembre de 2017

El pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Valladolid recu­peró de manera efectiva la gestión directa de los servicios de abaste­cimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, a través de una entidad pública empresarial local que funciona bajo el nombre comercial de Aqua- vall. Culminaba así un proceso de casi dos años que ha generado un abundante debate público e inclu­so cierta conílictividad.

«Parece que, en principio, las co­sas habrían de ser más sencillas. Un ayuntamiento decide, en un momento determinado, gestionar un servicio a través de concesión y, transcurrido el plazo estableci­do debería poder decidir sin ma­yor problema, si lo considera con­veniente, que vuelve a gestionar­lo con sus propios medios. Y, sin embargo, no es así, por varios mo­tivos que detallaré dentro de un momento. En Valladolid, en el pri­mer mandato de Gobierno del PP se apostó por privatizar la gestión que hasta entonces venía prestan­do la empresa pública ASVA, a pesar de contar con un superávit significativo. La concesión se es­tableció por un plazo de 20 años y la casualidad quiso que, justo en ese momento, se produjera un cambio de color político en el Con­sistorio, y el nuevo Gobierno puso entre sus compromisos la recupe­ración de la gestión», explica Ala­ría Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento vallisoletano.

Pero algunas cosas habían cam­biado en ese tiempo. En 2013, La Ley de Racionalización y Soste­nibilidad de la Administración Lo­cal, más conocida como Ley Mon­tero’, endureció notablemente los requisitos para que los ayunta­mientos pudieran recuperar la ges­tión directa de un servicio. Mientras que la mayor eficiencia y sos­tenibilidad económica se presu­pone cuando un servicio se externaliza, en el caso de su recupera­ción resulta imprescindible acre­ditarlas exhaustivamente. Y esto, unido a otros preceptos, como el techo de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las tasas de reposición que mar­can los Presupuestos Generales del Estado, hacen muy difícil que las corporaciones locales puedan plantearse recuperar la gestión de servicios. «Creo que es difícil cues­tionar que esto responde a una concepción profundamente neo­liberal de los servicios públicos y a un poco disimulado interés por defender los intereses de las em­presas concesionarias de los mis­mos. Para empezar porque la ad­ministración local es, con mucho, la menos endeudada de todas y, sin embargo, a la que más exhaus­tivamente se le controlan las cuen­tas. No es casualidad que, también en el caso de la recuperación de la gestión del agua en Valladolid, di­cho ministerio, a través de la Abo­gacía General del Estado, se haya personado para recurrir la decisión. Una práctica realmente poco usual», añade Sánchez.

Cuando algunos ayuntamien­tos, como el de Valladolid, se han planteado «revertir la ola privati- zadora de las últimas décadas, ade­más de enfrentarnos a los proble­mas legales y presupuestarios que antes he mencionado, tenemos que abordar la tarea de recuperar el prestigio de la gestión pública. La mejor forma de hacerlo es enfren­tando directamente todos los tó­picos. El trabajo técnico que he­mos realizado ha demostrado que el modelo público era el más efi­ciente. Se partía de un déficit acu­mulado de, al menos, 96,7 millo­nes de euros, que no se habían in­vertido en el mantenimiento de las instalaciones y redes a partir del canon de la concesionaria. Y, por ello, el personal técnico ha va­lorado que en los próximos 15 años será precisa una inversión de al menos 178 millones de euros».

En una proyección para ese pe­ríodo de tiempo, el ‘cash-flow’ o saldo acumulado sería de 186,5 millones de euros en caso de op­tar por la gestión directa, 13 mi­llones más que en el supuesto de empresa mixta y 60 millones más que en el modelo de concesión.

PRECIO DEL AGUA

Otra de las críticas recibidas era que la ‘remunicipalización’ trae­ría consigo la subida de la fac­tura del agua. «Pero el mismo informe técnico señala que la enti­dad pública empresarial es la for­ma de gestión que garantiza la eje­cución de todas las inversiones ne­cesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de ta­rifa y con excedente de tesorería a partir del séptimo año. Y ello por un motivo muy simple: al existir participación privada hay que con­templar beneficio para la misma. En el modelo público no es nece­sario forzar tanto los precios al alza, porque no se guía por una lógica de beneficio, y además se cuenta con una bonificación de entre el 99 y el 100% en el Impues­to de Sociedades».

De hecho, el Consejo de Admi­nistración de Aquavall ya ha apro­bado que las facturas del segun­do semestre de 2017 y las de todo 2018 no subirán. Además, han co­menzado a detectar un significa­tivo ahorro en distintos servicios. «Tras el concurso público se con­sigue la misma prestación por me­nos dinero, lo cual supondrá, pre­visiblemente, un desahogo en las cuentas de la entidad pública em­presarial».

Según María Sánchez, «el deba­te sobre el precio del agua es cier­tamente tramposo. Hablamos de un recurso escaso y básico y es ne­cesario concienciar sobre ello para que se use de forma responsable. La cuestión decisiva no es que el agua sea barata, sino que nadie quede privado del acceso a la mis­ma por motivos económicos. Por ello, la gestión pública debe ser ca­paz de introducir criterios tanto sociales como ambientales en sus tarifas».

La concejalía de Medio Ambien­te y Sostenibilidad quiere diferen­ciar los tipos de consumo. «Pare­ce razonable que no cueste igual el litro de agua usado para coci­nar, ducharse o beber, que los que se destinan a riego de jardines pri­vados, llenado de piscinas o usos industriales».

El cambio de gestión se ha rea­lizado mediante convocatoria pú­blica y a través de un proceso en el que solamente ha participado personal técnico. En la misma lí­nea, el Consejo de Administración aprobó pedir al menos tres ofer­tas para toda licitación a partir de 12.000 euros, a pesar de que le­galmente solo es obligatorio a par­tir de 50.000 euros para este tipo de entidades. «Esto no solo tiene su virtud en lo que atañe a la trans­parencia, sino que además ha per­mitido la concurrencia de empre­sas de menor tamaño y de carác­ter local».

AquaVall cuenta con la misma plantilla cualificada que venía pres­tando el servicio hasta ahora, par­te de la cual procede, asimismo, de la empresa pública extinta en 1997. «Esa es la materia prima in­dispensable para garantizar la ca­lidad de prestación del servicio. En lo demás, en lo concreto, ha­brá de afrontar las mismas dificul­tades que la anterior empresa pri­vada; sin contar, eso sí, con la pre­sión de lograr un determinado margen de beneficio privado. Be­neficio que se intuye cuantioso a tenor de la resistencia mostrada a que lo común vuelva a gestionar­se desde lo público».