- Propuesta del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra para el Pleno Municipal Ordinario del 2 de abril de 2019
La transformación de las 85 hectáreas situadas entre la Avenida de Salamanca y el estadio Zorrilla, los terrenos denominados “Villa de Prado”, que pasaron de ser mayoritariamente una explotación agrícola (con los silos de la Granja Escuela y el yacimiento arqueológico de la villa romana) a un nuevo barrio de 3.600 viviendas en el suroeste de Valladolid, no fue fácil. En realidad todos los desarrollos urbanos son complicados, por definición. Y éste también lo fue (o está siendo, ya que aún no ha concluido por completo su tramitación).
Es el sector 18 del PGOU vigente. Que se desarrolló mediante el sistema de cooperación, actuando como agente urbanizador el Ayuntamiento de Valladolid. El hecho de que la mayoría del suelo (más del 90%) fuese propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid hacía pensar que en este caso, y como excepción, la tramitación sería mucho más sencilla y fluida. El plan parcial fue aprobado definitivamente el 6 de marzo de 2001. Pero antes, el 31 de julio de 2000, la Diputación (como propietaria mayoritaria) y el Ayuntamiento (como administración actuante) suscribieron un convenio urbanístico sobre “condiciones detalladas para la ejecución del planeamiento urbanístico del sector 18”.
En virtud de otro convenio, esta vez suscrito entre el Ayuntamiento y VIVA el 12 de diciembre de 2000, ésta se subroga en la posición del primero como agente urbanizador de un proyecto de urbanización que había sido aprobado ese mismo año, el 20 de enero. Pero las cosas no han sido tan fáciles como cabía esperar. Y por centrarnos solo en la última etapa, en el cierre, desde 2014 hasta la actualidad no se ha cerrado la cuenta de liquidación con acuerdo. En efecto, el Consejo de Administración de VIVA aprobó el 19 de diciembre de 2014 la propuesta de liquidación del Proyecto de Reparcelación del sector. La aprobación definitiva de la cuenta de liquidación tuvo lugar el 30 de junio de 2017. Y el desacuerdo con la Diputación ha llegado hasta el punto de que la propuesta municipal haya sido objeto de recurso contencioso-administrativo.
Lo cierto es que se trata de un asunto de enorme complejidad, como se puso de manifiesto en las reuniones mantenidas al efecto. La principal discrepancia entre la posición municipal y la provincial hace referencia a la diferencia entre los valores fijados a efectos de cesión de las parcelas y los obtenidos con su enajenación a terceros. En el proyecto de actuación se adjudicaron a la Diputación 63 parcelas; de las que 24 estaban previstas para sufragar la parte de los costes y gastos de urbanización y reparcelación imputables a la administración provincial. Tales parcelas fueron cedidas por la Diputación al Ayuntamiento en junio de 2002 y septiembre de 2003. Pero ésa no era la única discrepancia. Pues tampoco se estaba de acuerdo en la cuantía de los gastos de urbanización que se debía abonar. Ni en quién debería ser el beneficiario de los rendimientos financieros generados tras la cesión de las parcelas (por la diferencia temporal de cobros y pagos). Ni cómo debía influir, a la hora de valorar las parcelas, el aprovechamiento urbanístico de tipo comercial en los edificios residenciales. Y había alguna discrepancia más.
Como consecuencia de la liquidación el Ayuntamiento reclamaba a la Diputación 4,78 millones de euros. Y ésta no solo lo rechaza, sino que considera que es el propio Ayuntamiento el que debe devolver a la Diputación una cantidad determinada.
Desde 2015 se han llevado a cabo varias reuniones, todas ellas convocadas por el gobierno municipal, para intentar llegar a un acuerdo entre ambas instituciones. El último encuentro tuvo lugar a finales de octubre de 2018, en la Diputación. Y de él se salió con el propósito de trabajar alguna fórmula para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que en la reunión se veía posible. Porque aunque las dos administraciones se sientan cargadas de razón, lo cierto es que al ser dos instituciones públicas (gobernadas por distintos partidos; pero esto es obviamente irrelevante en este contexto), al ser dos entidades públicas que tienen como objetivo el interés público de la ciudad y la provincia, podría pensarse en alcanzar un acuerdo, sin necesidad de acudir a la justicia.
Este propósito, definido entre el diputado de Hacienda, Agapito Hernández, y el concejal de Urbanismo en la reunión citada, duró muy poco tiempo. Pues a los pocos días se comunicó al representante del Ayuntamiento que el Presidente de la Diputación había ordenado no acceder a la suspensión del procedimiento judicial y no negociar nada. Que era preferible seguir en los juzgados y esperar sentencia. Una posición que avaló al día siguiente, en la radio, el diputado de Hacienda, manifestando que “difícilmente cabe otra salida que no sea una resolución judicial”.
Sin embargo, la concejala que suscribe, convencida de que el acuerdo en este asunto es tan deseable como indeseable la confrontación judicial, propone al Pleno del día 2 de abril de 2019 el siguiente
ACUERDO
- El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Diputación Provincial a llegar a un acuerdo sobre la cuenta de liquidación de Villa del Prado, de forma que se minimice la deuda de cualquiera de las dos partes, mediante una interpretación generosa de los objetos de litigio.
Valladolid, 28 de marzo de 2019
María Sánchez Esteban,
Concejala portavoz de Valladolid Toma la Palabra
